Nadie representa mejor la degradación institucional de la última fase de la presidencia de Pedro Sánchez que Álvaro García Ortiz. En más de cuarenta años de democracia, nunca un fiscal general desempeñó su papel de una forma tan servil y tan explícitamente alineada con los intereses del Gobierno. Aunque también es cierto que jamás un presidente se había jactado públicamente de controlar la Fiscalía General del Estado de una manera tan impúdica como lo ha hecho Pedro Sánchez, quien en noviembre de 2019 llegó a presumir en una entrevista de controlar el Ministerio Público. El historial de García Ortiz está plagado de capítulos que incluso aisladamente habrían sido motivo suficiente para su destitución inmediata. El Tribunal Supremo apreció desviación de poder en el nombramiento con el que García Ortiz promocionó a su predecesora, amiga y exministra Dolores Delgado, a fiscal de sala. Recordemos, asimismo, que dado su insólito historial el pleno del Consejo General del Poder Judicial lo consideró no idóneo para desempeñar su cargo. La actitud de la Fiscalía en el caso de Begoña Gómez o la proactividad con la que el Ministerio Público intentó desactivar la imputación de Puigdemont por terrorismo son sólo algunos de los precedentes que han laminado el prestigio profesional, e incluso personal, de Álvaro García Ortiz. La semana que termina ha sido definitiva para agotar el ya inexistente crédito del fiscal general. Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, declaró ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que fue García Ortiz quien le dio la instrucción imperativa de difundir la nota de prensa en la que se hacían públicos datos protegidos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, aun cuando la propia fiscal expresó su voluntad de no hacerlo. A esta conducta, que de probarse cierta resultaría insólita y revestiría una extraordinaria gravedad, se suma el hecho de que los fiscales que investigan el 'procés', juristas de un prestigio enormemente robusto, se hayan negado a acatar la valoración jurídica que les ha intentado imponer García Ortiz para informar a favor de la amnistía incondicional de los delitos de malversación. Está en la naturaleza y en la misión de la Fiscalía promover la investigación de los delitos. Por este motivo, resulta tan extravagante e impropia la actitud del fiscal general del Estado, quien en su decreto cuestiona la postura de los cuatro fiscales e, incluso, alcanza a intuir la voluntad del legislador. Nada es normal en la ley de Amnistía, pues la voluntad del legislador no fue otra que la de los propios beneficiarios de la ley, ya que fueron ellos quienes intervinieron de forma directa en la redacción literal de la norma. Que García Ortiz se permita ahora subvertir la opinión de cuatro fiscales del 'procés' es la enésima prueba de que en lugar de desempeñarse con la responsabilidad e independencia debidas, el fiscal general actúa atendiendo de forma tan directa como explícita al interés del Gobierno. El descrédito de García Ortiz es ya irreversible y la posibilidad de que acabe siendo encausado por el Tribunal Supremo supondría una crisis sin precedentes no ya de la persona, sino de la propia institución. Sólo caben ya dos soluciones alternativas: o bien la dimisión, o bien la destitución de quien, sin duda, pasará a la historia como el fiscal general del Estado más instrumental de toda nuestra historia democrática.
