Las clarisas de Belorado, que el 13 de mayo hicieron pública su ruptura con la Iglesia católica, se han servido de las redes sociales en estas últimas horas para dejar caer que el Arzobispado de Burgos las estaría abocando a una situación de asfixia financiera. A través de su cuenta de Instagram, las monjas han llegado a asegurar que la decisión del arzobispo y comisario pontificio, Mario Iceta, de tutelar sus cuentas bancarias está «bloqueando de esta forma el acceso al fruto de nuestro trabajo diario». «Tiene como consecuencia directa –relatan– la imposibilidad de comprar desde los productos básicos para mantenernos, como el alimento y los materiales de cuidado de las hermanas mayores, hasta la materia prima para la elaboración de nuestros productos de chocolate, alimento para los animales de nuestra granja doméstica, pago de nóminas y demás pagos para mantener a flote el monasterio».
Apenas tres horas después de estas acusaciones, el equipo de Iceta daba a conocer una nota de prensa en la que desmontaba los ataques llevados a cabo por la comunidad que lidera la ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad. «En ningún caso existe la más mínima intención de condicionar económicamente a la comunidad», dice el comunicado.
Desde el Arzobispado niegan que estén buscando que las religiosas pasen hambre o se les nieguen los medios para subsistir. La intervención de las cuentas por parte de la comisión gestora tiene como fin evitar cualquier movimiento financiero arriesgado en las mismas, lo que se traduce en un protocolo para proporcionar el dinero que necesiten las monjas.
Sin embargo, cuando el jueves 6 de junio los mediadores del comisario pontificio acudieron al monasterio para presentarles este plan, la ex abadesa dio orden de echarles, llamando a la Guardia Civil. Solo permitieron el acceso al interior del cenobio de la notario civil, María Rosario Garrido, que sí pudo comunicar «el modo de establecer la interlocución de las cuestiones económicas».
«No han hecho uso de esta vía», sentencian desde el Arzobispado. A la vez, hacen hincapié en que «seguimos a la espera de que las hermanas nos comuniquen los importes necesarios que requieren para los gastos habituales de la vida ordinaria». A la par, el equipo de Mario Iceta confirma que se hará cargo de todos sus gastos, sean los recibos de los suministros, como el pago de las nóminas de quienes trabajan para el convento.
En este sentido, también desmienten a las clarisas, que en Instagram llegaban a decir que «nuestros empleados se están viendo impelidos a ir al obispado de Burgos, a reclamar lo que por derecho les pertenece». El Arzobispado sostiene que «ningún empleado de los monasterios ha acudido al arzobispado a poner ninguna queja».
En esta misma línea, el comisario pontificio destapa una incongruencia de las consagradas cismáticas. Y es que, mientras se niegan a solicitar ayuda para afrontar sus gastos cotidianos, sí escribieron un correo electrónico a Iceta el 11 de junio para que sea él el que pague un servicio de seguridad privada que ellas quieren contratar ante la presión que dicen estar sufriendo a través de «lanzamiento de petardos y botes de humo al monasterio de madrugada, gritos, e incluso intrusiones en el perímetro de la clausura».
«Entendemos que el arzobispo debe asumir los costes de este servicio», relatan en el mail las monjas, que desde que decidieron romper con Roma no se referían a Iceta por su cargo eclesial. «Aquí sí se reconoce la autoridad del arzobispo», apostilla en la nota de prensa la Archidiócesis de Burgos. «Llama la atención que se pida dinero para este servicio, pero no para la compra de género para la vida ordinaria», dejan caer sobre las incongruencias de las monjas. Eso sí, una vez más, desde el Arzobispado de Burgos vuelven a mostrar su «mano tendida» y condenan «cualquier eventual falta de respeto o intromisión en la vida del monasterio».
