La comunidad internacional está en contra de las pretensiones autoritarias del Congreso. Sin embargo, desde la Mesa Directiva, dominada por Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, decidieron enfrentarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y guardar silencio frente a la exhortación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la ley de amnistía para delitos de lesa humanidad.
Mediante un comunicado, el Parlamento respondió a la Corte IDH: "El Congreso, primer poder del Estado peruano, es igualmente independiente en las decisiones que por mandato constitucional y legal le corresponden. "Por lo tanto, rechazamos cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones", sostuvo.
El jueves 13 la Corte IDH resolvió solicitar al Estado peruano suspender el trámite del proyecto de ley que fomenta la prescripción de los delitos de lesa humanidad.
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La corte había señalado que esta iniciativa no debe aprobarse "hasta que la Corte IDH cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la referida solicitud de medidas provisionales y su impacto en los casos Barrios Altos y La Cantuta".
Esta propuesta es promovida por el legislador fujimorista Fernando Rospigliosi y fue aprobada en primera votación el 6 de junio. Está pendiente la segunda. El proyecto plantea que sea inaplicable el delito de lesa humanidad para casos previos al 2002, cuando entró en vigor en Perú el Estatuto de Roma y la Convención contra Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad.
No solo la Corte IDH ha llamado la atención al Parlamento por esta maniobra. Desde la ONU, los relatores Bernard Duhaime, Morris Tidball - Binz, Aua Baldé, Gabriela Citroni, Grazyna Baranoswska, Ana - Lorena Delgadillo Pérez y Angkhana Neelapaijit, advirtieron que este proyecto de ley que establece que nadie podrá ser procesado, condenado o castigado por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio del 2022, contravine el derecho internacional.
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"Impediría la persecución penal, condena y sanción de las personas que cometieron tales crímenes antes de julio de 2002, obstaculizando el acceso a la justicia, y el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas", señala Naciones Unidas.
"Las leyes de prescripción no pueden aplicarse a las violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y a las violaciones graves del derecho internacional humanitario", manifestó.
En nuestro país, el Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidal del Ministerio Público (MP) también rechazó el proyecto fujimorista. "Tendría como consecuencia jurídica la conclusión de diversas investigaciones y procesos penales a cargo de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, como por ejemplo, en etapa de investigación, los casos Madre Mía, Huamaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja, entre otros", precisó.
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La iniciativa de Fuerza Popular también tendría impacto, según el Ministerio Público, en el juicio oral de los casos Chuschi, Huanta 84, El Frontón, Universidad del Centro, Barrios Altos y El Santa, Huancapi, Cedruyo, Putis, Lucho Manrique, Soras, Ventocilla, Sobres Bomba, Accomarca, José Navarrete Cabrera, Umasi Raccaya, Mamérita Mestanza, entre otros.
Y afectaría a las sentencias de los casos Chumbivilcas, Chuschi, Hilario Trucios, Totos, Cabitos 1983, Santa Bárbara, Martín López Rimachi y otros.
"Recordemos que los hechos ocurridos en dicho grupo de casos se relacionan, en su mayoría, ataques contra la población civil de parte de agentes del Estado en las que se encontraban grupos vulnerables como mujeres, niños y niñas", manifestó.
La segunda votación de este dictamen se encuentra en la agenda del Pleno. Existe el riesgo de que sea votado antes que termine la legislatura, el 15 de junio.
La Junta de Fiscales Supremos también había emitido un comunicado el 12 de junio contra tres proyectos de ley: uno que declara la reorganización de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el MP, la segunda que elimina la JNJ y crea la Escuela Nacional de la Magistratura y la tercera, que modifica la legislación para que la Policía Nacional del Perú pueda realizar pesquisas.
La junta, además, convocó a la población "a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, que se pretende socavar, de aprobarse los proyectos de ley".
El Congreso, en respuesta, publicó un comunicado de similar índole al que publicó contra la Corte IDH, pero con la diferencia de que en ese evidenció su temor a las protestas sociales que puedan ocurrir contra el paquetazo legislativo.
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El martes último, 16 embajadas publicaron un comunicado conjunto contra el dictamen que impulsa el fujimorista Alejandro Aguinaga, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores, para que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) fiscalice de manera más rigurosa el financiamiento y las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG). El pronunciamiento advirtió que esta norma restringe la capacidad de la sociedad civil para operar en su entorno propicio.
Esta ley fujimorista sanciona que las ONG realicen actividad política o alteren el orden público.
Los países firmantes fueron Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia y Suiza, y también lo hicieron el Reino Unido y la Unión Europea.
A diferencia de lo que hicieron contra la Corte IDH, en esta ocasión el fujimorismo, Alianza Para el Progreso (APP) y sus aliados, decidieron que el Parlamento no responda a estas embajadas.
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La coalición que domina el Parlamento se jacta de que esta institución sea el primer poder del Estado. El constitucionalista Luciano López refuta esa interpretación y recuerda que la Constitución establece que eso no existe porque el artículo 43 reconoce el equilibrio de poderes.
La congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, respondió que no comparte el comunicado del Congreso contra la Corte IDH debido a que los compromisos internacionales vinculan al Estado peruano en su conjunto y el Parlamento no puede ser ajeno a ello.
Su colega Susel Paredes recalcó que el Estado peruano está adscrito a la Corte IDH y debe cumplir con los mandatos de este estamento. De lo contrario, enfatizó, "pasaremos a consolidar la condición de parias internacionales a la que nos está condenando este régimen de Dina Boluarte y aliados".
A eso nos encamina este Congreso.
