En 2023, los ingresos impositivos cuya base imponible genera efectos negativos en el medio ambiente ascendieron a ¢955.054 millones, según un estudio del Banco Central
La recaudación tributaria generada por actividades con efectos negativos en el ambiente representó un 10% de los ingresos impositivos del gobierno en 2023, reveló este miércoles el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Este porcentaje se estimó en ¢955.054 millones, siendo el impuesto único a los combustibles el de mayor participación, con ¢576.175 millones.
El dato forma parte de la presentación de las Cuentas Ambientales, realizadas por el BCCR, que también incluyen cuentas de agua, energía, flujo de materiales y bioeconomía, en el marco de la conmemoración del Día del Ambiente.
Mónica Rodríguez, coordinadora del área de Estadísticas Ambientales del BCCR, explicó que la identificación de los ingresos fiscales relacionados con el ambiente se realizó con base en la metodología propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e incluye tributos cuya base imponible tiene algún elemento que genera efectos negativos sobre el ambiente.
Para el cálculo, se clasificaron los impuestos en energía, transporte, recursos y contaminación. Aquí se incluyen los impuestos sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones; derechos de salida del territorio nacional por vía aérea; impuestos sobre los pasajes aéreos y el impuesto al consumo de electricidad, entre otros.
Costa Rica supera la participación de estos ingresos respecto al producto interno bruto (PIB) en comparación al promedio de los países de la OCDE. En el país, representan el 2,6%, mientras que en el bloque de países es del 1,6%, señaló Rodríguez.
Juan Carlos Brenes, subdirector general de Hacienda, quien participó como panelista en el evento, indicó a La Nación que el Ministerio de Hacienda está analizando el gasto tributario con incidencia ambiental negativa, incluyendo las exoneraciones y no sujeciones, que pretenden reformular para minimizar el impacto. Esto implica establecer medidas transitorias para compensar los efectos de su aplicación actual.
Brenes ejemplificó que hay exoneraciones que el Estado y el Poder Legislativo definieron para incentivar ciertas actividades económicas, como los subsidios a los combustibles fósiles. La OCDE ha solicitado que su uso disminuya en el país, por lo que se estarían implementando incentivos de nueva generación sostenibles con el medio ambiente.
Ingresos del Gobierno cayeron en el primer trimestre por menor recaudación tributaria
Además, citó que uno de esos incentivos de nueva generación son las exoneraciones a los vehículos eléctricos que se aplican desde 2018 con una reforma en 2020, con un plazo de 12 años, para los impuestos a la importación y la propiedad. Actualmente, este medio de transporte tiene un cobro del 1% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en comparación al 13% para los automóviles convencionales.
Por otro lado, el BCCR presentó los datos de los indicadores de la cuenta del agua, con datos analizados entre 2012 y 2021. En el último año, en el análisis de los acueductos, el consumo promedio de agua por día fue de 180 litros por habitante. El precio promedio pagado fue de ¢659 por m³ (metro cúbico, equivalente a 1.000 litros). Rodríguez explicó que el pago promedio diario por persona en consumo de agua fue de ¢119.
Además, se contabilizó el indicador de pérdidas en la distribución, que refleja el porcentaje de facturación respecto al agua extraída. En 2021, este indicador se colocó en 67%.
Sobre los datos de bioeconomía, que se refieren a la incorporación de recursos biológicos en los procesos de producción y consumo, las actividades con estas características aportaron, durante 2021, el 13% del valor agregado total del país y generaron el 17% del empleo. El valor agregado es el aporte que generan las empresas durante el proceso de producción.
En cuanto a la cuenta de energía, el BCCR señaló que los datos reflejan que la intensidad energética del país disminuyó en un 2,6% en promedio anual durante los últimos 11 años. Este valor indica cuántas unidades energéticas se requieren para generar ¢1 millón de valor agregado. La disminución indica una mayor eficiencia energética a nivel nacional.
Respecto al desfase de dos años en la actualización de los indicadores, Rodríguez indicó a este medio que para la estimación de las estadísticas de agua y energía se utilizó información proveniente de las cuentas nacionales. “Es un reto, tenemos claro que entre más cercano sea el dato, se vuelve más útil. Estamos visualizando qué otras fuentes de información están disponibles”.
El BCCR está preparando indicadores sobre los riesgos en las actividades económicas generadas en el medio ambiente, con el fin de evaluar las implicaciones en el mediano y largo plazo, entre ellas lo relacionado al almacenamiento de carbono y turismo basado en la naturaleza. También inició la capacitación técnica para implementar las cuentas de análisis económico de los servicios relacionados con el océano.
