El Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció hoy que adoptó la decisión de interponer una querella por delito de fraude al Fisco en contra del diputado independiente Mauricio Ojeda, en una arista del caso Convenios.
La acción judicial se enmarca en el proceso en que se investiga la transferencia de más de 700 millones de pesos desde el Gobierno Regional de La Araucanía a la fundación Folab.
Además, el CDE explicó que su decisión se funda en los antecedentes de la carpeta investigativa que dan cuenta de hechos constitutivos del delito de fraude al Fisco en perjuicio del gobierno regional.
Finalmente, el CDE indicó que la acción se suma a la querella ya presentada por el consejo en noviembre pasado, en representación del Gobierno Regional y con relación a estos mismos hechos contra cuatro funcionarios públicos y dos particulares, a quienes se imputaron delitos reiterados de fraude al Fisco en calidad de autores, además de otros, como el lavado de activos.
El 9 de mayo pasado, la Fiscalía Regional de La Araucanía solicitó a la Corte de Apelaciones de Temuco el desafuero del diputado Ojeda, investigado por fraude en el marco del caso Convenios.
El escrito fue presentado por el fiscal Carlos Cornejo quien le imputa el delito de fraude al fisco en carácter de reiterado, acciones que generaron un perjuicio de $730 millones que llegaron a las fundaciones Folab y Educc.
De acuerdo a lo mencionado en una audiencia de reformalización por este caso realizada en abril pasado, la fiscalía mencionó que mientras el parlamentario ejercía su labor, entre junio y agosto de 2022, habría mantenido comunicaciones con la imputada Rinett Ortiz, quien le habría informado que la Fundación Folab -en la que ella era directora y representante legal- tenía problemas financieros.
Frente a esto el diputado accedió a ayudarla entregando aportes en dinero que provenían de fuentes propias y de terceros.
La indagatoria también determinó que el 16 de octubre pasado, cuando funcionarios de la PDI le solicitaron la entrega voluntaria de su teléfono celular, el legislador hizo llegar un aparato que había sido dañado por su hijo de 3 años, según comunicó su defensa.
Él hecho adquirió ribetes sospechosos cuando con la declaración de uno de los imputados, Miguel Ortiz, hermano de Rinett y Juvenal Ortiz -representantes de Folab-, afirmó que Ojeda habría dado la instrucción de quemar los celulares de los implicados en la causa y entregado orientaciones de cómo enfrentar la indagatoria del Ministerio Público.
De acogerse la solicitud de desafuero, Ojeda puede ser acusado y sometido a medidas cautelares como la prisión preventiva. Si el parlamentario pierde su inmunidad, no podría ingresar a la Sala de la Cámara de Diputados, ni a las comisiones y tampoco ejercer su cargo de parlamentario
