Durante un evento del CIP, la Asociación Peruana de Consultoría (APC) sostuvo que la ley busca evitar las paralizaciones con la simplificación de la gestión de obras. Son más de S/33.167 millones cuya ejecución podría reanudarse.
La nueva Ley General de Contrataciones Públicas aprobada recientemente por el Congreso de la República podría permitir acelerar el ciclo de los proyectos y destrabar 2.324 obras paralizadas en todo el país, con un monto de inversión conjunto de S/33.167 millones, consideró la Asociación Peruana de Consultoría (APC).
Elías Tapia Julca, presidente de la APC, sostuvo que la ley busca evitar las paralizaciones con la simplificación de la gestión de obras. En tal sentido, destacó que la disposición complementaria modificatoria de la nueva norma establece que apenas sea promulgada, y sin necesidad de esperar la dación del reglamento, entrará en vigencia la modificación de la Ley 31589, que busca reactivar las obras públicas paralizadas en el país.
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“Esta disposición complementaria señala claramente que inmediatamente aprobada la ley, las entidades pueden contratar el saldo de obra, bajo la modalidad de diseño y construcción, sea por concurso, oferta, o llave en mano, lo cual es un gran acierto”, subrayó, durante la Conferencia análisis y comentarios de la nueva Ley de contrataciones del Estado, realizada en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).
“Eso significa que, con esta norma, vamos a poder ejecutar de manera más célere los saldos de las obras en favor de más peruanos que claman por mejor infraestructura vial, mejores hospitales y centros de salud, y modernos colegios”, agregó.
De otro lado, el especialista en temas de contrataciones añadió que, entre los aspectos negativos que contiene la nueva ley de adquisiciones del Estado, se encuentra la implementación de la Junta de Resolución de Disputas (JRD) para los contratos de servicios.
En el proyecto de ley inicial que se alcanzó al Congreso figuraba la JRD para bienes, servicios y obras. En el texto aprobado se incluye solamente para suministros y para obras, y no para consultoría de obras.
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Afianzó, además, que el mecanismo de las JRD es "exitoso", porque en un máximo 75 días resuelve las controversias y con ello se ha logrado la velocidad en obras.
“Lamentablemente, con la norma aprobada no vamos a poder lograr la celeridad en el ciclo del proyecto porque vamos a tener que esperar los laudos arbitrales 3 ó 4 años para resolver los problemas de los estudios de pre inversión y para resolver los problemas de los estudios definitivos”, subrayó.
