Grupos criminales se han infiltrado en el Poder Judicial para reclutar a funcionarios con “paquetes de beneficios” tan elevados que el Estado no puede competir con las condiciones que proponen. Así lo afirmó Mauricio Boraschi, fiscal adjunto del Ministerio Público, ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la noche del martes.
“Tenemos información de gente que, en algún momento, perteneció o fue empleada de las fuerzas policiales que, en este momento, está brindando ‘servicios’ a grupos criminales, con mamparas legales como la formación de empresas de seguridad.
“Andan ofreciendo trabajo a los funcionarios para que se salgan del Poder Judicial y pasen a la ‘empresa privada’, con paquetes de beneficios que no es capaz de ofrecer el Poder Judicial dentro de la estructura administrativa y financiera que nos asigna esta Asamblea”, precisó Boraschi.
Según explicó el fiscal adjunto, el Ministerio Público cuenta con información clasificada sobre la participación de exmiembros de las fuerzas policiales y del Poder Judicial en actividades criminales.
Fiscal general propone cambios a proyecto de ley contra el sicariato
“No es nuevo para nosotros ver abogados defensores, que en algún momento fueron fiscales o jueces, y hoy están litigando asociados de alguna manera a la defensa de casos de delincuencia organizada”, señaló.
Según el fiscal Boraschi, este no es un problema exclusivo del país, sino que estas prácticas de reclutamiento se han presentado en otros países de la región, como México y Guatemala, que también se han visto afectados por olas de violencia producto del narcotráfico.
El fiscal adjunto agregó que las organizaciones criminales han desarrollado un sistema de trueque para remunerar a los sicarios menores de edad, a quienes se les paga con “un cóctel” de calmantes y alcohol para que cometan los homicidios.
“En Puntarenas, vimos que a ciertos menores lo que se les daba todos los días es un cóctel de calmantes, pastillas de prescripción médica, con Cacique, en horas de la mañana, para que pasen en un estado ‘especial’ que inclusive está siendo estudiado por algunos médicos, porque no nos explicamos cómo estos muchachos pueden permanecer así; no les dan ni siquiera plata”, expresó el fiscal adjunto.
Boraschi compareció junto al fiscal general, Carlo Díaz, para referirse al proyecto de ley contra el sicariato.
