La concejalía de Seguridad Ciudadana de Burgos, en manos de Vox, ha ordenado aumentar el control del «empadronamiento ilegal» de inmigrantes irregulares en la ciudad a través de un programa presentado por su portavoz y vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, que incluye la petición de «la suspensión de cualquier tipo de ayuda social para aquellas personas que han ingresado ilegalmente en la ciudad». Horas después de que se presentara esta iniciativa, desde el Grupo Municipal Popular han señalado que «las propuestas planteadas» por sus socios de Gobierno municipal «se debatirán cuando se presenten ante el Pleno». En este sentido, han recordado que esta propuesta «forma parte de una proposición elaborada por ese partido -Vox- que trataron de llevar de urgencia al pleno ordinario de mayo», si bien finalmente no se incluyó en el orden del día. De momento, sin concretar a qué medidas se refieren, ya han querido dejar claro que «en algunas no tenemos el mismo criterio». Noticia Relacionada estandar No Argüello reclama la regularización de inmigrantes porque «contribuirán al común de todos» Montse Serrador Insiste en que es un asunto «no resuelto» al que hay que dar «alternativa» El plan lanzado por el socio minoritario del PP en la coalición que rige el Ayuntamiento burgalés prevé, además, inspecciones periódicas y visitas domiciliarias de la Policía Local; un canal para facilitar «denuncias anónimas» sobre las que los agentes harían «un seguimiento». En el caso de que se compruebe la ilegalidad del empadronamiento, según ha explicado Martínez-Acitores, «se tomarán las medidas necesarias para corregir la situación y sancionar a los responsables». También se prevén controles de identidad en la calle para comprobar el estatus migratorio. Además, se pide mayor coordinación en esta materia de la Policía Local con la Nacional, Guardia Civil y autoridades de inmigración. Martínez-Acitores ha asegurado, sin ofrecer datos concretos, que han percibido un aumento de empadronamientos ilegales de extranjeros irregulares y que han recibido varias denuncias en este sentido en Burgos. Por ello, han decidido aplicar una medida que ha reconocido que parte de la dirección nacional de su partido. El edil de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña , ha explicado que este tipo de situaciones puede llevar a que personas que ni siquiera viven en España reciban ayudas públicas mediante un falso empadronamiento. Al respecto, los populares, con la alcaldesa Cristina Ayala a la cabeza, han señalado que algunas de las medidas que plantean sus socios «ya se están llevando a cabo, otras no son de competencia municipal y en algunas más no comparten el mismo criterio». Además, recalca que en materia de inmigración su grupo «siempre ha actuado dentro de los cauces que determina la legislación, de modo que si se detectan situaciones irregulares se da traslado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que proceden a realizar las acciones oportunas». Mientras, la concejala socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Sonia Rodríguez , abogada de la ONG 'Burgos Acoge', ha acusado a los concejales de Vox de «desconocimiento» al pedir a la Policía Local que evite el empadronamiento de inmigrantes irregulares porque «los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a todos sus habitantes». Ha enmarcado así las declaraciones realizadas por el portavoz municipal y el concejal de Seguridad Ciudadana de Vox en la campaña electoral y en la línea política «xenófoba y racista de este partido de extrema derecha» . Además, ha asegurado que la Policía Local sólo puede acudir a domicilios en el caso de una investigación policial, no por una supuesta irregularidad administrativa. Rodríguez ha destacado que las personas en situación irregular sólo reciben puntualmente ayudas de subsistencia que controla un trabajador social, por lo que no es posible que puedan recibirlas viviendo fuera de España, como han indicado desde Vox. La edil socialista ha recalcado también que cobrar una pensión o el Ingreso Mínimo Vital requiere tener permiso de residencia en España.
