Las autoridades de Qatar afirmaron este miércoles 5 de junio que la detención y condena del mexicano Manuel Guerrero Aviña en febrero pasado fue por posesión de sustancias ilegales y no por su orientación sexual, dijo un funcionario catarí, quien señaló a la familia del condenado por verter “acusaciones falsas” sobre los motivos de la causa legal.
“El señor Aviña fue detenido por posesión de sustancias ilegales. Reconoció la posesión de las sustancias incautadas y posteriormente fue fichado, registrado y presentado ante el tribunal. Luego, un análisis de drogas dio positivo, confirmando la presencia de anfetamina y metanfetamina en el organismo del señor Aviña en el momento de su detención”, indicó.
Ayer, un juzgado de primera instancia encontró culpable a Guerrero, también ciudadano británico, de “posesión de drogas y otros delitos relacionados con las drogas”, unos cargos que él y la familia han negado a lo largo de una campaña que comenzó cuando fue detenido el pasado febrero.
Su familia y otras organizaciones, como Amnistía Internacional, han señalado que el mexicano fue detenido por su orientación sexual y que ocurrió poco después de que aceptara reunirse con otro hombre a través de la aplicación de citas ‘Grindr’ en el país del golfo.
Al respecto, la fuente catarí indicó que “contrariamente a ciertas informaciones de los medios de comunicación, no se tuvo en cuenta ningún otro factor a la hora de proceder a la detención, y el señor Aviña ha sido tratado con respeto y dignidad durante toda su detención”.
“Desde su detención, el señor Aviña y su familia han realizado numerosas acusaciones falsas en un intento de generar simpatía pública y apoyo a su caso. Las creencias, antecedentes u orientación de una persona no la eximen de la ley, especialmente cuando se enfrenta a cargos graves relacionados con la posesión de drogas con intención de venderlas”, dijo el informante.
Además, apuntó que en Qatar hay “leyes estrictas contra la posesión y distribución de drogas ilegales, y las autoridades trabajan continuamente para combatir el problema. Qatar no es diferente de otros países en este sentido”.
Y también recordó que el tribunal ha emitido una sentencia preliminar que declara a Aviña “culpable de consumo y posesión de metanfetamina. Como la sentencia es preliminar, el señor Aviña tendrá la oportunidad de apelar, según los procedimientos legales”.
El juez encargado del caso condenó a Guerrero a seis meses de prisión, aunque suspendido, así como a una multa de 10 mil Riyal catarí (casi 2.750 dólares).
Enrique Guerrero, hermano de Manuel, aseguró que aún el mexicano detenido en Qatar no puede salir del país porque debe esperar, por lo menos, mes y medio ante posibles impugnaciones, ya sea por parte de la fiscalía o de la defensa.
“No podemos cantar victoria porque en este momento, en este preciso momento, Manuel no puede salr de Qatar, no puede pagar la multa y salir”, añadió.
El Comité para la Liberación de Manuel Guerrero aclaró en un comunicado que el proceso no ha concluido y que Guerrero cuenta con quince días para apelar la sentencia, así como la fiscalía catarí tiene 30 días para hacerlo en segunda instancia.
La sentencia no es firme, motivo por el cual el mexicano no podrá salir aún de Qatar pese a que se cubra el monto de la multa, según el comité, que señaló que el delito por el que ha sido condenado es “fabricado”.
Hoy, al menos tres organizaciones, incluida Amnistía Internacional, pidieron a Qatar que anule esta condena de seis meses.
De acuerdo a las ONG, Guerrero estuvo casi un mes en la cárcel, donde denunció que tuvo que firmar papeles cuyo contenido desconocía, le hicieron estar más de un día sin consumir agua y careció la mayor parte del tiempo de acceso a su tratamiento, ya que es una persona que vive con VIH.
El mexicano fue puesto en libertad provisional el pasado 18 de marzo, bajo una prohibición de viajar al exterior, lo que ha puesto en peligro su vida, ya que los medicamentos específicos para el VIH que tomaba antes de su detención no están disponibles en Catar, dijeron las ONG.
El caso despertó el interés de activistas, quienes crearon una campaña para llamar la atención del Gobierno de México, que en un principio rechazó intervenir porque Guerrero se había inscrito en Catar como ciudadano británico, aunque finalmente aceptó intervenir en el caso.
