El PP de Baleares considera que en la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en la época de Francina Armengol como presidenta, que terminó este miércoles, ha quedado demostrado que el exasesor Ábalos en Transportes, Koldo García, medió en los acuerdos y que se ocultaron datos claves sobre el expediente de la compra.
El portavoz popular en la investigación en el Parlamento balear, José Luis Mateo, ha asegurado que las declaraciones aportadas por los comparecientes, del propio Ábalos a Armengol o el "conseguidor" de la trama, dejan claro que Koldo "valiéndose de su posición" en el Ministerio ejerció de intermediario entre el servicio de salud de las islas y la empresa del "caso Koldo", Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.
Entre las conclusiones que, expuso, se extraen de la comisión, que tanto el entonces director de la Sanidad balear, Juli Fuster, como el antiguo director de compras, Manuel Palomino, no informaron en ningún momento al Ejecutivo de Armengol o al sucesor de Marga Prohens que el expediente del suministro de mascarillas por parte de la trama estaba siendo objeto de una investigación por parte de la Unidad Central Operativo (UCO).
Y tampoco de que agentes de esta unidad de la Guardia Civil se presentaron en las dependencias de IbSalut para requerir la documentación existente sobre el contrato público que sirvió para la adquisición 1,5 millones de mascarillas FFP2 por un precio de 3,7 millones de dinero públicos. Además de otros más de 57.000 que fueron abonados en concepto de transporte hasta las islas.
En este sentido, el PP del archipiélago estima que existen "argumentos de peso" para pensar que se ocultó información fundamental a los agentes, a la Oficina Anticorrupción y a la Intervención de la región insular. "En definitiva, se ocultó información, no de cierta importancia, sino esencial para echar atrás el contrato", matizó Mateo en una comparecencia este miércoles.
Por último, señalan como extraño que nadie de los citados, ni políticos de la administración balear socialista, del Gobierno de Sánchez, o técnicos y altos cargos, ha sido capaz de dilucidar quién fue la persona o el grupo de ellas que facilitó el móvil personal del entonces director de compras de la Sanidad balear al Ministerio de Transportes.
El PP balear, además de presentar públicamente las conclusiones de la comisión, han propuesto la implantación de una serie de medidas para evitar la existencia de supuestas comisiones ilegales en futuras contrataciones públicas de la administración insular.
Quieren, por un lado, que se realice una auditoría integral y completa del total de contratos que por la vía administrativa de la emergencia se firmaron durante la Covid.
Pero, asimismo, que se elabore una normativa nueva en materia de contratación sectorial concreta en sanidad para que con el traspaso de los poderes entre Ejecutivos sea obligatorio informar sobre la existencia de cualquier expediente abierto y que esté siendo investigado en los juzgados, y se informe a la dirección de fondos europeos de cualquier incidencia relativa a la calidad o los precios de material y operaciones que estén previstas o puedan llevarse a cabo.
