Cada vez es más común que grupos organizados estén involucrados en delitos ambientales como la tala ilegal, el trasiego de fauna silvestre y el cambio de uso de suelo. Sin embargo, las bajas penas contra estos delitos impiden que el Ministerio Público los investigue como crimen organizado.
El fiscal de la Fiscalía Adjunta Ambiental, Alejandro Alpízar, explicó a La Nación que, aunque dicha oficina se ha capacitado en los últimos años para manejar casos con participación de organizaciones criminales, aún existen muchas falencias legales y presupuestarias para combatir este fenómeno reciente en Costa Rica.
Alpízar lamentó que, a diferencia de investigaciones por narcotráfico o legitimación de capitales, los expedientes por delitos ambientales no pueden recibir la declaratoria de crimen organizado por parte de un tribunal. Esto significa que no pueden ampliar plazos durante el proceso penal ni realizar escuchas telefónicas.
Según el artículo 3 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, para definir un caso como crimen organizado es necesario que el grupo esté conformado por más de dos personas, que se mantenga actuando a lo largo del tiempo y que cometa delitos graves que ameriten prisión de cuatro años o más.
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Sin embargo, ningún delito ambiental dentro de la Ley Forestal entra en esta categoría, ya que la pena máxima es de tres años. Tampoco se contemplan delitos ambientales en la Ley 7425 sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, la cual establece los tipos de delitos que pueden ser objeto de intervenciones telefónicas.
Las bajas penas también implican que, incluso si alguien es declarado culpable, puede evitar la prisión gracias al beneficio de ejecución condicional de la pena, el cual se otorga para penas de tres años o menos.
La única opción que tiene la Fiscalía, de momento, es indagar si estos grupos han cometido delitos más graves, como legitimación de capitales o asociación ilícita, lo que sí ameritaría la declaratoria de crimen organizado. No obstante, esto implica que el delito ambiental pasa a un segundo plano durante el proceso penal, explicó Alpízar.
El fiscal detalló que, de momento, no han detectado incursión del narcotráfico, sino que se trata de grupos dedicados exclusivamente al delito ambiental. Agregó que en otros países también es usual que las penas sean tan bajas, lo que provoca un amplio mercado clandestino internacional de vida silvestre.
“Es común que los diferentes países tengan penas muy bajas y de ahí que sea un aliciente para ellos mutar su objeto ilícito, llámese drogas, tráfico de armas, lavado de dinero o algún otro donde las penas normalmente son altísimas en cualquier país, y volvieron sus ojos al delito ambiental”, señaló.
Los problemas de la Fiscalía son también económicos, aseguró Alpízar. Sus recursos son tan limitados que, en todo el país, solo existen seis fiscales especializados en delitos ambientales. Ellos solo se encargan de los casos más complejos, mientras que el resto son tramitados en las fiscalías territoriales.
Además, no cuentan con maquinaria para excavar e indagar si grandes capas de tierra fueron colocadas sobre humedales, en posibles delitos de cambio de uso del suelo.
“Entendemos la situación en la que está el Estado, donde no sobra el dinero. Sin embargo, es muy importante mejorar las capacidades de la atención policial ante estos fenómenos nuevos que estamos detectando”, apuntó.
A pesar de todo, ha habido algunos avances, como la creación, en 2022, de la Sección Especializada Contra los Delitos Medioambientales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Véase que es muy reciente y por una gran insistencia de la Fiscalía Ambiental. Entonces, antes no teníamos una Policía Judicial especializada en delito ambiental y ese tipo de investigaciones las dejaban relegadas como investigaciones de menor importancia”, señaló.
Las autoridades enfrentan estas dificultades mientras las denuncias por delitos ambientales aumentaron un 106% entre 2014 y 2023, según estadísticas del Ministerio Público, al pasar de 1.144 casos a 2.362, con un pico de 2.671 denuncias en 2021.
Para Alpízar, la participación del crimen organizado ha influido en este aumento, pero no es el componente principal, pues la mayoría de delitos ambientales siguen siendo cometidos por personas individuales.
“Antes no existía esa cultura de denunciar todos los delitos de los cuales yo entraba en conocimiento, y hoy por hoy hemos ido cambiando y las personas ya han tomado esa conciencia, por lo que ha incrementado la cantidad de denuncias. A ello se le debe sumar la gran cantidad de formas distintas por las cuales yo puedo denunciar”, explicó el fiscal.
Diputados consultados por La Nación afirmaron estar dispuestos a presentar y apoyar proyectos de ley para ajustar las penas por delitos ambientales.
Gilberth Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Ambiente, aseguró que se ha reunido con ambientalistas para analizar el tema.
“Vemos que si una persona tala árboles lo que recibe es una multa, y al final no hay ninguna sanción represiva. Yo estaría en la mejor disposición de profundizar y analizar, creo que el país requiere dar ese paso. Estaríamos presentando las propuestas, consensuadas y con la razonabilidad con que se tiene que realizar una propuesta de esta magnitud”, dijo Jiménez.
El diputado agregó que también apoyaría darle celeridad a los procesos penales, que suelen tardar años para culminar con penas menores.
Por su parte, la diputada del Partido Nueva República y secretaria de la Comisión de Ambiente, Rosalía Brown, consideró también que se necesitan condenas más fuertes.
“Se necesita educación y necesitamos transparencia en las municipalidades, porque yo creo que pueden mejorar el cuido al medio ambiente si hay mejores controles por su parte”, aseguró la legisladora.
