Hasta abril pasado el órgano contaba con 886 expedientes, 200 más respecto a enero del 2023, advierte jueza. Juzgado lleva casos como Ticofrut, Viajes Colón y Artelec, y las quiebras de Aldesa, Casa Blanca y Yanber
El Juzgado Concursal está a punto de colapsar debido al aumento de casos de empresas y personas con dificultades financieras en los últimos 16 meses, y por un recorte del personal encargado de tramitar las solicitudes de protección judicial por deudas millonarias.
Así lo expuso Jennifer Arroyo, jueza coordinadora de este órgano jurisdiccional, en un oficio remitido al Consejo Superior del Poder Judicial. En el documento, del cual tiene copia La Nación, se indica que contaban con 886 expedientes abiertos en abril pasado, en comparación con 680 casos en enero del 2023.
La funcionaria alertó al Consejo que el Juzgado actualmente carece de personal suficiente para atender casos muy complejos de grupos empresariales en problemas financieros o en procesos de liquidación, y que les suprimirán tres plazas a partir de julio próximo por recortes presupuestarios en todo el Poder Judicial.
“Desde que fui nombrada en este despacho hace unos cuatro años me encontré con expedientes grandes y complejos y poco personal para atenderlo (...) si a las dificultades que ya hoy tenemos se le suma la pérdida de personal técnico y juzgador simplemente provocaría el colapso del Juzgado Concursal”, advirtió Arroyo.
El Consejo Superior del Poder Judicial es el órgano administrativo y disciplinario de este poder del Estado. Su función principal es supervisar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros, garantizando el buen funcionamiento del sistema judicial.
La jueza pidió al Consejo Superior mantener a los funcionarios en el despacho porque, de lo contrario, sería imposible avanzar en los casos y responder a las peticiones de empresas y personas involucradas en procesos concursales.
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Este diario consultó al Consejo, desde el pasado 17 de mayo, sobre los riesgos señalados en el oficio de Arroyo y sobre el futuro de las plazas suprimidas. Al momento de la publicación de esta información no se había recibido respuesta.
Sin embargo, el pasado 30 de mayo, el Consejo acordó rechazar la petición de la coordinadora del Juzgado Concursal, según consta en el acta de la sesión N.° 46-24. “Pese a que el Consejo Superior comprende el impacto que enfrentan los diferentes despachos (...) no es posible hacer la excepción dado que la directriz tomada no es antojadiza, sino una medida urgente ante el déficit presupuestario”, se indica en el acuerdo declarado en firme.
La coordinadora del Juzgado Concursal explicó que, por las restricciones presupuestarias, se suprimirán dos plazas de técnicos judiciales y una de juez. Ahora quedarán con cuatro técnicos encargados de tramitar escritos o solicitudes de los procesos analizados, y dos jueces para resolver casos.
Además, destacó que la complejidad de los casos grandes quita tiempo y no permite atender con celeridad procesos de personas. “Tenemos casos de personas desesperadas por deudas a quienes les depositan ¢200 de salario o cero colones cada quincena. El Juzgado es un reflejo de la situación económica del país”, afirmó.
Los trámites empezaron a dificultarse en los últimos años, con el inicio de convenios preventivos de grandes compañías con cientos de acreedores involucrados. Por ejemplo, mencionó expedientes como la Corporación Yanber, Aldesa, Casa Blanca (Land Business), TicoFrut, Grupo Corporativo Saret, Artelec y Grupo Orosi, así como casos recientemente aceptados como Agencia de Viajes Colón y la empresa autobusera Consorcio Operativo del Este.
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“De los 4 técnicos judiciales, uno atiende el público, otro atiende Aldesa y Viajes Colón que tienen más de 1.000 partes involucradas; y solo quedan dos técnicos para el resto de los casos. Solo somos dos jueces en propiedad y a mi me corresponden Aldesa, Artelec, Agencia de Viajes Colón, Grupo Papagayo, Grupo Corporativo Saret y las autobuseras”, dijo Arroyo a La Nación.
Los problemas de saturación en materia concursal ya se reflejan en las estadísticas del Poder Judicial. En abril pasado, en promedio, se tardaba 63 días en resolver un trámite presentado en el Juzgado. Pero, en el mismo mes del año pasado, eran 29 días y, en el 2022, 14 días, según los indicadores de gestión judicial publicados por la Dirección de Planificación de la Corte.
De hecho, los datos también muestran un aumento en las gestiones presentadas por los involucrados en procesos de convenios preventivos y liquidación de empresas en el último año. En el primer cuatrimestre de este año se presentaron 3.440 escritos. En el mismo periodo del 2023 fueron 2.397 trámites.
Los retrasos reportados en los trámites ante el Juzgado Concursal perjudican a las personas y empresas que piden la protección judicial por dificultades financieras, así como a los acreedores, resaltó César Rodríguez, curador en procesos como TicoFrut, Grupo Orosi y Jiménez & Tanzi.
“La situación afecta en todos los sentidos y a todas las partes. Hay procesos con seis, siete o más meses de retraso en resolver. La cadena de afectación es bien grande”, puntualizó Rodríguez.
Para Sergio Artavia, abogado de Ticofrut en el convenio preventivo, el colapso del Juzgado es muy evidente. “Hay varios casos en los que todos los involucrados están de acuerdo en agilizar, pero la lentitud del proceso viene al traste de los procesos. En Ticofrut, todos los actores quieren salir adelante, pero no ha habido manera de que se convoque la junta de acreedores y se pidió hace dos años”, enfatizó.
Miguel Villegas, curador en el proceso de la Corporación Yanber, destacó que los funcionarios del Poder Judicial hacen lo posible en el trámite de los casos, pero la mora judicial es un problema generalizado.
La coordinadora del Juzgado agregó que entiende las limitaciones presupuestarias de la institución, pero advierte de las repercusiones en los próximos meses. “El recorte va a impactar en el tiempo de respuesta del Juzgado Concursal, tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas”, dijo Arroyo.
No es la primera vez que la funcionaria advierte sobre las consecuencias de la avalancha de trámites. En mayo del 2021, la jerarca judicial alertó sobre las complicaciones que enfrentaba el Juzgado por la situación de Aldesa. Precisamente, en ese momento se le amplió el personal que en la actualidad se le suprime.
