Tras impedir sistemáticamente cualquier iniciativa para fiscalizar la actuación del Gobierno autónomo con los mayores en residencias durante el COVID, las contrataciones con el grupo sanitario Quirón o las amenazas a la prensa del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, entre otros muchos ejemplos, el PP ha encontrado por fin una cuestión sobre la que investigar en la Asamblea de Madrid: el estatus de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense. Los populares han anunciado que impulsarán una comisión de investigación alarmados por las “presuntas irregularidades” que “minan el prestigio de la universidad”.
El texto de la moción alude a las “diversas informaciones periodísticas” reveladoras de “presuntas irregularidades en la gestión de cátedras y postgrados en el seno de la Universidad Complutense de Madrid que incluso pudieran extenderse a otros centros universitarios de la Comunidad de Madrid” en una maniobra similar a la que el pseudosindicato Manos Limpias llevó ante el juez Juan Carlos Peinado, que mantiene la investigación a Gómez pese a un informe de la Guardia Civil descartando indicios de delito.
La exposición de motivos de la moción de los populares cuestiona “la contratación de personas para la dirección de cátedras, con posible trato de favor a empresas y entidades que financiaban estos programas, y la apropiación indebida de fondos públicos; casos que podrían constituir delito, y, no menos importante, ser casos de nepotismo y politización en el acceso a la Universidad y en su funcionamiento”. El PP se reserva también la posibilidad de instar a la actuación al Consejo Social y la Cámara de Cuentas.
“Ojalá no haya nada”, ha respondido a los medios el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia madrileño, Miguel Ángel García, al hilo de la convocatoria de la comisión. García se ha referido, además de al “importante daño reputacional” que los supuestos indicios de irregularidades conllevarían, al “quebranto económico” que implicaría que Gómez registrase un ‘software’ financiado parcialmente por la propia Universidad Complutense.
Preguntado por el contraste entre promover esta comisión de investigación y vetar la comparecencia de directivos del grupo Quirón por sus relaciones comerciales con la comunidad de Madrid al respecto de los negocios de la pareja de Ayuso, investigado por fraude fiscal —que este mismo ha admitido— y de quien Quirón es principal cliente, García ha dicho que esta cuestión afecta a un “particular”. Preguntado de nuevo por si Gómez no es también una “particular”, ha contestado que ha sido el juzgado quien le ha puesto nombre. Alberto González Amador, pareja de Ayuso, también declarará ante un juez, tan solo ocho días después que la esposa de Pedro Sánchez.
La oposición ha criticado el anuncio del PP, planteado en la semana de las elecciones europeas. La futura comisión no empezará a trabajar hasta después del verano y, según la moción, se extenderá hasta febrero del año que viene. “La comisión que propone el PP es una tomadura de pelo”, ha declarado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. “Es una absoluta falta de respeto que el mismo PP que ha impedido que el parlamento madrileño investigue sobre los protocolos de la vergüenza en las residencias o los chanchullos del entorno de la presidenta con la compra de material sanitario ahora quiera someter a la asamblea a su interés partidista”, ha añadido, para concluir: “Si la mesa de la asamblea da luz verde a este despropósito estará adoptando una decisión injusta a sabiendas, sentando un peligroso precedente y evidenciando que está dispuesta a vulnerar cualquier principio político para ejecutar los caprichos de la señora Ayuso”.
El portavoz del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha hecho observaciones similares: “A cinco días de las elecciones, Ayuso nos anuncia una comisión de investigación para octubre. De esto va la mayoría absoluta”, ha ironizado, para cargar a continuación contra la “transparencia para perseguir al adversario con bulos y con ataques, pero a la vez tener absoluta opacidad para ella misma”, ha dicho, poniendo por ejemplos: “prohibido investigar qué pasó en las residencias de mayores, prohibido investigar la deuda de la Comunidad de Madrid, los contratos, se carga el consejo de la transparencia”. La coherencia en el PP de Ayuso está, según Lobato, “en vías de extinción”.
El PP no observa las dudas sobre el respeto al principio de autonomía universitaria que le suscitaba la comisión de investigación por el caso Máster de la Universidad Rey Juan Carlos, que permitió a Cristina Cifuentes, expresidenta regional, obtener un título regalado cuando era delegada del Gobierno. Así lo manifestaba Enrique Ossorio, entonces portavoz del PP en la Asamblea y hoy su presidente. En la presente legislatura, en la que el PP ha recuperado la mayoría absoluta, los populares rechazan por sistema todas las iniciativas de la oposición. El último intento para indagar sobre la situación de las residencias de mayores y proponer cambios en el modelo fue descartado por “revisionismo”.
