Los impuestos sobre emisiones no solo son constitucionales sino también proporcionales, diseñados para reflejar los costos ambientales de las emisiones contaminantes.
Experto en Fusiones y Adquisiciones, Bancario y Financiero, Corporativo Socio de Santamarina y Steta.
En el estado de Querétaro, el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental se ha materializado de distintas formas, que van desde la puesta en marcha de campañas de concientización a la población, hasta la implementación de impuestos ecológicos. Estos últimos, regulados en la ley de hacienda estatal, son básicamente el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, el impuesto por la emisión de gases a la atmósfera, y el impuesto por la disposición final de residuos de manejo especial y peligrosos.
La iniciativa de impuestos ecológicos, liderada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), busca incentivar desde el 2021 a las empresas a reducir su huella de carbono y promover prácticas ambientales responsables. A través de una serie de talleres presenciales y virtuales, Sedesu está capacitando a más de 250 empresas sobre cómo pueden beneficiarse de incentivos fiscales al compensar sus emisiones mediante el Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono. Por ejemplo, el impuesto por la emisión de gases a la atmósfera, al gravar las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI), representa un incentivo para que las empresas sean parte activa de la solución al desafío climático y dejen de realizar tal tipo de emisiones. Con estas medidas, Querétaro no solo fomenta un desarrollo económico más verde, sino que también establece un modelo de cómo las políticas fiscales y ambientales pueden trabajar juntas para un futuro sostenible.
Además, como parte de su estrategia integral, Querétaro ha implementado el Registro de Proyectos de Compensación del Estado, un mecanismo crucial para la gestión de la política climática estatal, cuyo objetivo es lograr un equilibrio entre las emisiones de GEI generadas por las empresas y las reducciones de las mismas. Al respecto, la inscripción de empresas en dicho registro está sujeta a la autorización de la Sedesu, siendo que tal inscripción permite a las empresas obtener créditos de carbono que pueden compensar a través de los proyectos aprobados.
Es relevante destacar que en 2024, Querétaro espera recaudar 317 millones de pesos a través de impuestos ecológicos, una iniciativa recibida favorablemente por la mayoría del sector privado, a pesar de que tres o cuatro empresas han presentado amparos en su contra. El titular de Sedesu, Marco Antonio Del Prete Tercero, ha destacado que, aunque estos amparos son un desafío legal esperado, representan solo una pequeña fracción del total de las más de 400 empresas, según datos de un medio de circulación nacional, a las que resultan aplicables los impuestos ecológicos. Del Prete Tercero reitera la legalidad y equidad de los impuestos, y confía en que el sistema judicial confirmará su validez.
La respuesta general a los impuestos ecológicos sugiere una aceptación sustancial de la necesidad de integrar la sostenibilidad en el tejido económico de Querétaro, destacando un paso significativo hacia prácticas empresariales más responsables con el medio ambiente.
Es de destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reforzado la legalidad de los impuestos ecológicos mediante la emisión de cuatro jurisprudencias. Esta decisión confirma que los impuestos sobre emisiones no solo son constitucionales sino también proporcionales, diseñados para reflejar los costos ambientales de las emisiones contaminantes. Los impuestos se calculan basándose en las emisiones de dióxido de carbono equivalentes, con tarifas aplicadas por tonelada, incentivando a las empresas a reducir sus impactos ambientales.
La Corte ha destacado que estos impuestos cumplen con el objetivo dual de recaudar ingresos y promover prácticas ambientales responsables, alentando el desarrollo sostenible sin imponer cargas desproporcionadas a los contribuyentes. Este enfoque subraya la validez de los impuestos ecológicos como herramientas efectivas para gestionar los retos medioambientales, apoyando su implementación en estados como Querétaro.
