Sin sorpresas, la Cámara Alta ha aprobado por 147 votos a favor y 103 en contra, incluidos los del PSOE, una Proposición de Ley del Partido Popular, cuyo objetivo es incluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil dentro del listado de profesiones de riesgo. En concreto, la iniciativa, que modifica un decreto de la Seguridad Social, ha contado con los votos favorables de PP, Vox y UPN, mientras que PSOE, ERC, Bildu y Sumar han votado en contra. Junts y PNV, por su parte, se han abstenido.
De este modo, el Senado seguirá con la tramitación de esta norma, que busca incluir a estos agentes, así como a los del Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación, debido a la "peligrosidad de su trabajo". Norma que ahora debe ser refrendada en el Congreso de los Diputados para que entre en vigor, donde también hay registrada una Proposición no de Ley por la equiparación real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada. Y aquí es donde Sánchez y sus socios de Gobierno tendrán la última palabra.
Hay que recordar que pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la "jubilación anticipada" cobrando el 100% de la prestación. ¿Y quién decide qué profesiones son de riesgo? El Ministerio de Trabajo es el encargado de elaborar esta lista de la que forman parte los trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, profesionales taurinos, bomberos, así como miembros de las policías autonómicas y locales. Sin embargo, pese a que mossos y ertzainas sí están en la lista, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, no. Tampoco aparecen los funcionarios de prisiones.Esta discriminación provoca que un agente de la Benemérita o un policía nacional jubilado cobre hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico. Tanto es así, que en los últimos seis años un guardia civil jubilado, por ejemplo, habría perdido hasta 70.000 euros respecto a un mosso d'esquadra. ¿El motivo? Mientras un agente autonómico se jubila de forma anticipada (59 años) sin pérdida alguna de poder adquisitivo, un agente de la Policía Nacional sí sufre una merma en las retribuciones que percibe en su jubilación (en torno a 900 euros mensuales respecto a un ertzaina o mosso). De ahí que el Gobierno de Sánchez y el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, se obcequen en no ceder e incluir a estos profesionales en el listado de profesiones de riesgo.
El Partido Popular, promotor de la iniciativa en el Senado, ha sacado pecho por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las que ha alabado "su sacrificio permanente, su vocación de servicio, su gran profesionalidad y su ejemplaridad". El senador del PP Vicente Tirado ha sido el encargado de defender la moción para que policías nacionales y guardias civiles sean incluidos "dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación, debido a la peligrosidad de su trabajo". En este sentido, ha hecho hincapié en que "son los dos únicos Cuerpos de Seguridad de toda España que no están considerados profesión de riesgo", a diferencia de Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral y policías locales.
Y si bien se pueden prejubilar, tienen que asumir una pérdida importante de su pensión. "A igual profesionalidad, mismo reconocimiento, a igual trabajo, mismos derechos, a igual trayectoria laboral, misma pensión", ha matizado Tirado.
Moción que ha contado con el apoyo de Vox. "El ministro del Interior, el señor Marlaska, está haciendo la vida imposible, ninguneando y humillando a los que solo luchan por sus derechos", manifestó la senadora de esta formación, Paloma Gómez Enríquez. Además, ha señalado que estamos "ante una reivindicación histórica", por lo que los agentes deben poder "jubilarse antes sin sufrir recortes y penalizaciones en sus pensiones", que cifró en un 30%.
Desde el PNV, la senadora Nerea Ahedo ha admitido que no es "justo" que "el mismo trabajo y el mismo riesgo" tengan diferentes condiciones. Y es que, a su juicio, no es normal que policías nacionales y guardias civiles "no tengan reconocido por la Seguridad Social un coeficiente reductor de la edad de jubilación debido, tal y como plantea la Ley de Seguridad Social, a la naturaleza especialmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre de su ocupación", como sí tiene la Ertzaintza, desde el 2009, la Policía local desde 2018, la Policía Foral desde 2022 o los Mossos desde 2023. No obstante, quiso señalar que también "cuentan con la opción, como situación previa a la jubilación, de la reserva activa en el caso de la Guardia Civil, o de la segunda actividad en el caso de la Policía Nacional".
Desde Junts, el parlamentario Josep Lluís Cleries manifestó que es lógico que a los miembros de estos dos Cuerpos del Estado se les considere una profesión de riesgo "sin lugar a dudas". Sin embargo, tachó de "parcial" esta Proposición de Ley, ya que deberían abordarse "todos los casos". El senador catalán hacía referencia a los agentes rurales en Cataluña.
"No vamos a aceptar lecciones de quien, entre 2011 y 2018, realizó inversión nula en seguridad, recortó más de 13.000 agentes con comisarías y cuarteles deteriorados, falta de medios, el atraso de la Oficina de asilo, sin haber desarrollado el sistema de protección civil, ni la ley de víctimas, ni avanzado en seguridad vial". De este modo cargó duramente la senadora socialista Rocío Briones contra la intervención del parlamentario del PP. Porque, a su juicio, si tan "justa" es esta reivindicación (que lo es) por qué durante siete años de Gobierno del PP "no concedieron la jubilación anticipada a ningún colectivo profesional".
El argumento del PSOE para no apoyar esta reivindicación es que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se está haciendo un trabajo "serio y riguroso" para solucionar esta cuestión. "Desde el Ministerio del Interior están elaborando un paquete de medidas que va dirigido a estos colectivos, y desde el Ministerio de Seguridad Social se está revisando la regulación y la jubilación anticipada por razón de actividad profesional", aseveraba la senadora socialista.
Por todo ello, ha exigido al PP, no sin cierto sarcasmo, que cuando presente una iniciativa, lo haga "con un estudio de viabilidad para que sea creíble, con un cálculo riguroso sobre la medida".
