El presunto otorgamiento ilegal de permisos para talar árboles en una propiedad privada en playa Punta Uva, en el Caribe Sur del país, representa para la Fiscalía Ambiental la posibilidad de un tráfico de tierras que atenta contra una porción de 188 hectáreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Luis Diego Hernández Araya, coordinador de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público, explicó que el tráfico de tierras consiste en el uso perverso y sistemático de mecanismos aparentemente legales para integrar tierras del Estado a diversos mercados, como el inmobiliario, y lucrar con los terrenos.
Para lograrlo, agregó, se recurre a testaferros, segregaciones, zonificaciones y permisos de tala con el fin de cambiar la categoría de patrimonio natural del Estado que tienen ciertas tierras, con el fin último de trasladarlas a un régimen de administración particular y de competencia municipal.
“Estamos viendo cómo 188 hectáreas de humedales y bosques desaparecerán por arte de magia y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) parece que no lo comprende”, reclamó Hernández Araya.
Esas 188 hectáreas tienen historia. Por medio de Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur (Nº 9223), impulsada en 2014 por el entonces diputado, Wálter Céspedes, actual alcalde de Matina, la Asamblea Legislativa desafectó esa área de bosque perteneciente al refugio, cambiando su condición de bien de dominio público. Sin embargo, el 11 de julio de 2019, la Sala IV declaró inconstitucional la norma por segregar bosques del refugio.
En la sentencia, los magistrados ordenaron al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac, adscrito al Minae) delimitar en un año esa porción de tierra para reincorporarla a la zona protegida. A la fecha, el Sinac no ha cumplido la orden. Ahora, para la Fiscalía, se estaría dando un tráfico de tierras mediante permisos maquillados de legalidad.
La investigación de permisos motivó el allanamiento a la Municipalidad de Talamanca, el 21 de mayo, luego de detectar un presunto otorgamiento ilegal de dos permisos a la empresa Playa Manzanillo S. A. para tumbar árboles. La finca está dentro de las 188 hectáreas de la sentencia del 2019 y, según el Registro Nacional, invadió la sección restringida de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT).
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En el permiso del Sinac figura por escrito la intención de los dueños de donar caminos a la Municipalidad, confirmó este diario. En Costa Rica, el artículo 19 de la Ley Forestal (7575) regula la propiedad forestal privada e indica que en terrenos privados con bosque no se permite cambiar el uso del suelo.
Sinac puede autorizar en esas propiedades la construcción de casas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones de ecoturismo, pero la ley aclara que la corta de árboles es “limitada, proporcional y razonable”.
Existen otras formas de aprovechamiento forestal que autorizan una tala rasa (completa, intensiva y a discreción) con la venia de Sinac. “Eso parece que se quería hacer con el permiso forestal que secuestramos en Sinac, los dueños de la finca iban a donar vías a la Municipalidad y eso ya es urbanizar”, enfatizó Hernández Araya.
La Nación consultó al Sinac si realizó verificaciones antes de extender el permiso a Playa Manzanillo S. A. y si estaba al tanto de la presunta actividad ilícita ligada de cambiar la fisonomía de un bosque para luego gestionar permisos donde se declara el terreno sin cobertura boscosa.
Maylin Mora Arias, directora regional a.i. del Área de Conservación La Amistad-Caribe aseguró que sí se hizo una evaluación técnica, legal y tecnológica, según los procedimientos para estas solicitudes. “Existe un proceso de investigación actualmente, en donde no se ha identificado aún una anomalía o incumplimiento en el otorgamiento del permiso”, añadió.
En el mismo sentido se pronunció Allan Pacheco Dent, representante de Playa Manzanillo S. A. “Hay una investigación en curso que respeto y los procedimientos correspondientes. He hecho todo a derecho, pero porque esa investigación permanece en curso, no me quiero referir al tema”, declaró ante consultas de La Nación.
El fiscal ambiental explicó que el punto medular del tráfico de tierras no es derribar árboles, sino evadir la prohibición de cambio de uso del suelo del artículo 19 de la Ley Forestal. Todo comienza con un retiro de vegetación menor al pie de los árboles; luego se siembra pasto hasta que donde había un bosque quede una zona sin la densidad, cobertura y superficie de uno. Es entonces cuando los particulares se van al Sinac, aseveró el fiscal.
En ese momento, le solicitan un permiso, pero no bajo la modalidad de bosque, sino de aprovechamiento forestal en un terreno “sin bosque”. Cuando llega la autorización, ese particular ya tiene allanado el camino.
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“Costa Rica ha caído en un retroceso ambiental y ahora las autoridades nos dicen que no se lo van a dejar a los monitos; eso es declararle la guerra a la fauna silvestre. A nivel internacional nos deja muy mal”, lamentó.
Hernández hizo referencia a declaraciones del presidente Rodrigo Chaves el 15 de mayo, cuando aseguró que su gobierno no busca destruir la costa sur de Limón, pero confirmó su intención de hacer obras en esa zona. Según el mandatario, su administración no tiene intención de dejarlo todo intacto para la fauna pues su idea es dar la oportunidad al ser humano de generar prosperidad.
“¿Qué es el balance correcto? Hay gente extrema que dice ‘hay que ir a construir hoteles enormes de cinco estrellas’, no señor; ‘ah no, hay que dejárselo a los monitos, no señor’. Es el balance de la sostenibilidad”, expresó el mandatario. Otras personas tienen una visión muy distinta.
Marta Castro Bolaños, vecina de Cocles y presidenta del Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (Covirena), adscrito al Sinac, confirmó que hace unos años, cerca del Refugio, había frondosos bosques impenetrables a la vista por la espesura vegetal. Ahora, dijo, se ve la playa desde la calle. “Empiezan a cortarlos, luego los entierran y, un día, se ven casas en todo lado. Así ha sido en los últimos años, incluidos drenajes de humedales”, explicó.
Para Castro, es evidente la destrucción de naturaleza por lucrar con urbanizaciones de lujo. “Cualquiera que pase por ahí puede verlo con sus ojos desde la calle”, insistió.
¿Y por qué ocurre esto? Hace 28 años, Costa Rica tipificó delitos como cambio de uso de suelo y tala con castigos máximos de tres años de prisión. “Son penas desactualizadas”, consideró el fiscal. Para la Fiscalía, todo ha cambiado y, por lo tanto, el Poder Legislativo debería actualizar las leyes ante lo que llamó “una evidente actividad criminal que impone nuevas herramientas para evitarla” en alusión al tráfico de tierras.
Con el fiscal coincide Mauricio Álvarez Mora, integrante del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual acompaña procesos de organización, incidencia y alternativas ambientales entre las comunidades y grupos ambientalistas del Caribe Sur.
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Para él sí hay una orquestación institucional con sectores inversionistas que procuran despojar a las poblaciones locales del modelo de turismo comunitario que llevó bienestar al Caribe Sur.
En los últimos 30 años, aseguró, los vecinos reiteran, una y otra vez, la destrucción del Refugio con cuentagotas y la impresión de que las instituciones y autoridades formales miran a otro lado. “Tenemos copia de unas 200 denuncias interpuestas por vecinos donde se ve una intención de proteger la naturaleza contra actividades de mediano y gran impacto”, afirmó el también geógrafo y docente de la Escuela de Geografía y de la Escuela de Ciencias Políticas en la UCR.
Álvarez contó que hace unas semanas él y otros participantes del Programa Kioscos Socioambientales notaron el alto nivel de deforestación en Playa Negra, en Puerto Viejo, y la presencia de gran cantidad de construcciones. “No eran un par de personas haciendo casa, eran muchas obras en sitios donde antes hubo bosque”.
La tala, explicó, es un eslabón en la cadena de preparar tierras y cambiarles su uso de manera “muy maquillada” y a una escala que a la misma institucionalidad le resulta difícil ver, u opta por no hacerlo.
“Al final, un modelo comunitario de turismo es sustituido por otro donde hablamos de inversiones de millones de dólares y donde lo local no es considerado, mucho menos los pueblos afrodescendientes e indígenas”, advirtió.
En medio de la investigación del Ministerio Público en torno a las actuaciones del personal del Sinac y la Municipalidad, Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía, informó el 28 de mayo en un comunicado de prensa que, para su tranquilidad y la de todos los costarricenses, ordenó una investigación profunda.
Dos días después, en el programa radiofónico Nuestra Voz de la periodista Amelia Rueda, el ministro dijo que “en el papel, los permisos estaban bien dados” y recalcó que la tala fue en una propiedad privada cerca del Refugio. Sí reconoció que esa finca localizada dentro de las 188 hectáreas de bosques que se ordenó recuperar del Refugio, tiene un traslape “pequeño” en la parte restringida de la ZMT.
El Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se creó en 1985 como parte de un esfuerzo de vecinos de esa zona para proteger el área boscosa de los efectos de la deforestación causada por empresas madereras años antes. A ese santuario natural llegan especies de tortugas que cada año anidan en la playa de Gandoca como, por ejemplo, tortugas baula, verde y carey.
