Richard Nixon cargaba fama de tramposo desde su época de legislador. Le decían Tricky Dick porque daba vuelta a las reglas cada vez que podía. A nadie le extrañó que hubiera ordenado instalar aparatos de escucha ilegales en la sede del partido demócrata. Lo que hizo estallar el escándalo Watergate fue su intento de encubrir su delito.
En la Unión Americana, el fiscal general tiene poca autonomía. El presidente lo pone al frente del Departamento de Justicia y puede cambiar la reglamentación, el presupuesto y el personal. Sin embargo, se considera buena práctica que el ejecutivo no intervenga en sus investigaciones.
Nixon había nombrado fiscal al socio de su despacho de abogados, John Mitchell, quien fue también el coordinador de sus dos campañas presidenciales. Mitchel estaba directamente implicado no sólo en el allanamiento de sus opositores, sino también en acciones amenazantes contra la prensa y los que protestaban contra la guerra en Vietnam.
Enfrentado a un juicio político en el Congreso y a un gran jurado que lo acusaba de soborno, conspiración y obstrucción de la justicia, Nixon renunció en agosto de 1974. Su sucesor, el presidente Gerald Ford le dio el indulto.N o sucedió lo mismo con Mitchel y otros coacusados, que pasaron algún tiempo en la cárcel.
Nixon, en la célebre entrevista con David Frost tres años después, se justificó con el argumento de que “cuando un presidente lo hace, no es ilegal”. O sea, que el presidente puede estar por encima de la ley.
Bill Clinton también enfrentó, en 1999, un juicio político y un juicio federal por perjurio (escándalo Mónica Lewinsky). El primero lo salvó porque todos los legisladores de su partido votaron en contra. En el segundo fue condenado a una multa y a la suspensión temporal de su licencia de abogado. Él minimizó su transgresión a la ley argumentando que todo era una trama armada por sus enemigos políticos.
Donald Trump acaba de ser declarado culpable de delitos cometidos hace casi diez años y lo achaca a una conspiración del “estado profundo”, en la que participan todos: el FBI, el fiscal, el juez, los testigos y los jurados. Es el primer expresidente convicto en 235 años de historia. El juez emitirá su sentencia el 11 de julio y podría ir a la cárcel.
Trump tiene pendientes otros procesos federales. De regresar a la Casa Blanca, podría auto perdonarse. El presidente tiene amplios poderes para indultar y él los utilizó para conmutar sentencias de amigos y cómplices.
Desde luego, esas facultades están diseñadas para proteger a quien esté injustamente encarcelado y no para darle oportunidad de brincarse la ley al presidente. La Suprema Corte está por decidir los alcances de la inmunidad presidencial, que Trump imagina expansiva.
El imperio de la ley es uno de los fundamentos del contrato social en el sistema democrático. Acordamos vivir bajo la norma a cambio de ver protegidos nuestros derechos fundamentales y de beneficiarnos de un orden social. Las leyes se aplican uniformemente y todos sabemos a qué atenernos.
En el esquema de gobierno de poderes separados, cada rama del gobierno tiene cierto control y supervisión sobre las otras. Con ello se evita que una persona tenga poder absoluto y pretenda ponerse sobre la ley.
Al hacer al judicial un poder independiente de las presiones políticas y económicas, todos pueden acudir, con salvaguardas procedimentales y sustantivas, a jueces imparciales que explican sus sentencias por escrito.
Todo esto se subvierte cuando un presidente quiere que la ley se aplique a su conveniencia. Pero es más grave que la población lo tolere. Los estadounidenses aceptan que se enjuicie a legisladores y gobernadores (de los últimos diez gobernadores de Illinois, cuatro han pasado tiempo tras las rejas), pero ven a la figura presidencial con cierto fervor y le perdonan todo.
Por eso Nixon pudo reelegirse a pesar de que se revelaron sus triquiñuelas y la gente justificó las mentirotas de Clinton.
Y por eso los seguidores de Trump no disminuyen cada vez que se comprueba que nunca ha vivido dentro de los linderos de la ley. Incluso ven a su líder enfrentando el juicio “con dignidad”, cuando se la pasó insultando a todos.
Parecen no entender la diferencia entre una monarquía y una república. No captan que la fortaleza de las instituciones democráticas depende de la actitud vigilante e intransigente de los ciudadanos.
