Con base en la información preliminar del Instituto Nacional Electoral, sobresalen dos resultados de las elecciones del domingo pasado. Primero, Claudia Sheinbaum (CS), la candidata a la Presidencia de la República por el partido Morena y sus aliados, obtuvo una victoria contundente, con aproximadamente 60 por ciento de los votos y un margen de 30 puntos de ventaja respecto a su principal contendiente.
Segundo, se estima que esta coalición logró un número de escaños dentro de un intervalo que corresponde a la mayoría calificada de dos terceras partes en la Cámara de Diputados, y dentro de uno que está cerca o alcanza tal mayoría en la Cámara de Senadores.
Unos días antes, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había declarado que las elecciones serían un plebiscito sobre “el proyecto de Nación que queremos”. Desde ese punto de vista, el triunfo electoral sugiere una amplia aprobación del proyecto liderado por AMLO.
El apoyo social parecería infundado si se basara en indicadores generales de desempeño de la actual administración. Por ejemplo, durante los primeros cinco años del gobierno de AMLO, el PIB registró un crecimiento anual promedio de sólo 0.8 por ciento, el más bajo, para igual período, de los últimos seis sexenios. Dado que el crecimiento poblacional ha superado esta tasa, el producto por habitante ha caído.
Igualmente, durante el presente sexenio, la seguridad pública, función primaria del gobierno, se ha mantenido deficiente y, en algunos casos, se ha deteriorado, considerando estadísticas de homicidios, desapariciones forzadas y extorsiones, así como enfrentamientos violentos y dominios territoriales del crimen organizado, entre otras.
Asimismo, los servicios públicos de salud y educación han presentado mayores carencias y una menor calidad, como consecuencia de la precaria asignación de recursos y la reorganización fallida de las instituciones, especialmente de salud.
No obstante, el beneplácito social podría haber obedecido a algunas políticas sociales de AMLO, entre las que destacan: la profusión de las transferencias monetarias a grupos objetivo, como adultos mayores, jóvenes, estudiantes y familias en pobreza; y el aumento del salario mínimo, que durante el sexenio más que se ha duplicado y ha superado con creces la inflación, lo cual contrasta con el rezago en términos reales de esta variable durante varias décadas.
Los indicadores anteriores presentan la dualidad típica de las acciones gubernamentales en favor de colectivos específicos. Las trasferencias se han percibido como gratuitas y los incrementos en el salario mínimo se han traducido en un mayor poder adquisitivo de los trabajadores. El hecho de que los beneficiarios sólo vean los beneficios pudo haber ganado muchos votantes.
Sin embargo, como todo en economía, estas acciones han implicado costos. Las entregas monetarias han agrandado los compromisos futuros del gobierno, con lo cual se ha debilitado la sostenibilidad de largo plazo de la deuda pública; y la generosa política salarial ha complicado, en alguna medida, la tarea del Banco de México de combatir la inflación. Como tales impactos no son evidentes para la mayoría de la población, difícilmente restaron apoyo electoral.
En sus discursos en la madrugada del lunes, tras publicarse los resultados preliminares de la elección, CS confirmó su intención de “avanzar con la cuarta transformación” y describió una serie de promesas cuya característica central fueron la coincidencia con las políticas de AMLO, y la continuación y ampliación de sus proyectos.
De concretarse este enfoque, México estaría por comenzar una segunda etapa de gobierno, similar, en esencia, a la primera encabezada por AMLO. En tal escenario, podrían esperarse aciertos y desaciertos semejantes a los de la presente administración, con lo cual parecería mantenerse acotada la incertidumbre de la política económica.
El punto medular de preocupación de grandes sectores de la sociedad y la economía consiste en el uso que la coalición pudiera hacer de la mayoría calificada obtenida en el Congreso, que le permite modificar la Constitución sin necesidad de negociar. El paquete de reformas constitucionales enviado por AMLO al Poder Legislativo en febrero pasado contiene iniciativas que, entre otros aspectos, aumentan las cargas al erario, imponen restricciones a la inversión, establecen la elección popular para miembros del Poder Judicial y los organismos electorales, formaliza la militarización y elimina organismos autónomos.
De aprobarse, estas medidas vulnerarían el régimen democrático y acrecentarían la inseguridad de los derechos de propiedad, lo cual reprimiría el crecimiento económico potencial y el bienestar. Ojalá que la virtual presidenta electa impulse un rumbo alternativo que fortalezca la democracia liberal y la certidumbre en las reglas del juego.
