El cuarto informe del Consejo de la Prensa Peruana (CPP)sobre libertad de expresión, correspondiente a mayo, contiene los principales casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación que ocurrieron en este mes.
Se menciona el encierro de periodistas para que no le hagan preguntas a la presidenta Dina Boluarte; la acusación del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de que algunos medios de comunicación son responsables del tráfico en la capital; también los insultos proferidos a periodistas por el congresista Jorge Flores Ancachi cuando se le abordó sobre un presunto hecho de corrupción en su partido; así como las amenazas de querella del exalcalde de Trujillo Arturo Fernández contra dos periodistas que publicaron un informe respecto a presuntas irregularidades en obras que se realizaron durante su gestión.
En el caso de la presidenta Dina Boluarte, se precisa que por personal de Palacio de Gobierno y de la seguridad del Estado para evitar que hicieran preguntas a Boluarte.
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Los periodistas pudieron salir de dicha sala, solo cuando la presidenta de la República se retiró del lugar. De este modo, a fines de mayo, Boluarte llevaba cerca de 60 días sin dar declaraciones a la prensa.
El CPP rechazó el maltrato de la presidenta Dina Boluarte a la prensa y su negativa a contestar preguntas.
También reprobó que los políticos hayan normalizado el agravio, el insulto y la amenaza a los periodistas y medios de comunicación por destapar sus conflictos de interés, el abuso de poder y otras controversias más.
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La presidenta Dina Boluarte inauguró ayer en La Molina el centro educativo Unión Latinoamericana, acto al que llevó, como parte de su seguridad, a francotiradores que se ubicaron en la parte alta del colegio.
Este detalle llamó la atención de la prensa debido a que se trató de un evento que no aparentaba mayor peligro y por la presencia de niños.
La República consultó sobre el hecho con el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, quien indicó que tal despliegue de seguridad no es irregular y depende de lo que decida el jefe policial, pero que esto suele justificarse cuando es una “actividad pública multitudinaria, abierta, con mucha gente”, no cuando se inaugura un centro educativo. En esta línea, .
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“No es habitual (que haya francotiradores) en actividades pequeñas, más cerradas y con público predeterminado como sería en un colegio; podría ser no razonable. Visto en abstracto, podría resultar excesivo en un colegio, pero ilegal no es”, declaró Pedraza.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) archivó la denuncia por tráfico de influencias contra Dina Boluarte, que se interpuso cuando era titular del Midis.
La acusación contra la actual presidenta se presentó debido a que no consignó en su declaración jurada que Alfredo Pezo es su cuñado, a quien facilitó que este contrate con el Estado.
