Los 6 proyectos de ley presentados en el Congreso tienen un direccionamiento visible: quieren recortar el derecho de los ciudadanos a la asociación civil y a que la cooperación internacional pueda seguir operando en diferentes temas de interés público. No es posible olvidar que ha sido precisamente esa diplomacia de las organizaciones internacionales la que ha impuesto una agenda mundial y estándares que nos permiten evaluar la marcha del país en diferentes aspectos, todos ellos vinculados a la vida y los derechos de las personas.
La que ha acudido en atención de los niños y las madres, de los injustamente encausados y encarcelados, de quienes han considerado sus derechos humanos afectados por el Estado. Ha estado allí, en un país tremendamente injusto y de una sucesión de gobiernos que cruzan frecuentemente la línea legal y afectan con su actuación la vida de las personas.
En el fondo, los ataques sistemáticos del Congreso contra las ONG siempre recurren a las muletillas ideologizadas que las consideran fuente de financiamiento del activismo político opositor. Es una imposición de una narrativa que no resiste análisis, porque las asociaciones civiles también incluyen a movimientos religiosos, sociales o empresariales, por ejemplo, que persiguen objetivos benéficos y tienen una histórica presencia en nuestro país. La ojeriza se explica porque el pacto corrupto que ha tomado el poder no quiere estar sometido a la vigilancia internacional. Es natural que para proteger sus ilícitos intereses se resista a la observación de los estándares democráticos y quiera acallarlos, además de alejarse de cualquier posible sanción, como las que puede aprobar el sistema de justicia internacional.
, en los que se hace lo mismo. Se recorta la presencia de las ONG, se limita la cooperación democrática y se instaura el abuso sin control.
