El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación para averiguar si existen prácticas comerciales desleales en la publicidad de viviendas turísticas que operan sin licencia. Tal y como ha trasladado el Ministerio de Pablo Bustinduy, estas se anunciarían por toda España en plataformas destinadas al alquiler turístico. «Desde la Dirección General de Consumo, integrada en este ministerio, se han identificado posibles prácticas de este tipo en diferentes ciudades españolas», apunta el Ministerio en el comunicado remitido a los medios. En caso de confirmarse, se trataría de prácticas comerciales que, con base en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, serían desleales. «Por tanto, supondrían una infracción que puede generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada», señalan desde la Dirección General de Consumo. «Un número significativo de viviendas operan sin licencia» En este sentido, el Ministerio de Bustinduy asegura que, según la información oficial ofrecida por autoridades autonómicas y municipales con competencia este ámbito, «un número significativo de viviendas turísticas estarían operando sin licencia». Por esta razón, añaden «este Ministerio ha decidido poner en marcha esta investigación con el fin de proteger a las personas consumidoras y usuarios ante estas prácticas». Noticia Relacionada estandar No Turismo muestra su apoyo a las aerolíneas en plena cruzada de Consumo contra las 'low cost' Antonio Ramírez Cerezo El sector defiende ante la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, su derecho para establecer tarifas con libertad La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas en este ámbito, haciendo especial hincapié, apuntan desde Consumo, «en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la mencionada ley general». Con la información recabada Consumo estudiará la posibilidad de abrir expedientes sancionadores. Las infracciones podrían derivar en multas de hasta 100.000 euros , cantidad que se podría elevar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícidto obtenido.
