Carlo Díaz, fiscal general de República, recomendó a los diputados realizar un conjunto de cambios al proyecto de ley que busca penalizar el sicariato, el cual se discute en la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico.
El fiscal manifestó que, en lugar de crear un tipo penal específico, sería más efectivo realizar una reforma al inciso 9 del artículo 112 del Código Penal, el cual impone de 20 a 35 años de cárcel a quien mate “por precio o promesa remuneratoria”.
Según Díaz, es mejor reformar el inciso de manera que se imponga esta pena a quien mate por “beneficio”.
Este cambio, continuó el fiscal, abarcaría cualquier tipo de beneficio que una persona pueda obtener a cambio de cometer un homicidio, permitiendo que los juzgadores interpreten de manera más amplia el delito, incluyendo no solo recompensas económicas.
El texto actual del proyecto propone crear un tipo penal específico para el sicariato, con una pena de 20 a 35 años de cárcel (la misma que establece hoy el artículo 112 del Código Penal), para las personas que maten a otra por “precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio económico, para sí o un tercero”.
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El fiscal sugirió agregar un nuevo inciso que permita sancionar a aquellos que recluten, contraten, formen o instruyan personas para el sicariato. Sin embargo, señaló la necesidad de cambiar el término “sicariato” por uno más adecuado para el lenguaje jurídico.
“El término sicariato es el que nosotros también creemos que habría que cambiarlo; utilizar otra forma más amigable porque el sicariato es un concepto que lo usamos comúnmente, pero no es el más correcto para usar en este tipo delincuencia”, afirmó.
El fiscal también propuso incluir otro inciso, en el artículo 112 del Código Penal, para que se sancione a aquellos que contraten a menores de edad para actividades relacionadas con el sicariato. La pena iría de 25 a 35 años de prisión.
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Por otro lado, Carlo Díaz explicó que, si se busca sancionar la publicidad o la oferta de servicios para cometer homicidios, debería crearse un tipo penal completamente aparte del homicidio calificado; incluso, sugirió eliminar esta parte de la propuesta, ya que ni siquiera constituye en una tentativa de homicidio.
Los legisladores del foro recibieron las sugerencias del fiscal general y estuvieron de acuerdo con la recomendación de eliminar la sanción de publicidad.
Al finalizar la sesión, los parlamentarios solicitaron a Díaz enviar las modificaciones mencionadas por escrito, para tomarlas en cuenta y realizar los cambios respectivos.
Actualmente, la iniciativa indica que la publicidad u oferta de sicariato tendría una sanción de cinco a siete años de prisión.
