En diciembre del 2021, el mundo puso su mirada en Costa Rica cuando se firmó un decreto que amplió el Parque Nacional Isla del Coco y el Área Marina de Manejo del Bicentenario, ambos en el Pacífico.
Con esta acción, la protección del país pasó del 2,7 al 30 % de los 568.054 kilómetros cuadrados de extensión marina de Costa Rica, alcanzando así la meta global del 30 % de protección impulsada por la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas, liderada por Costa Rica, Francia y el Reino Unido.
Un año después, en diciembre del 2022, un total de 188 países acordaron que el 30 % de los espacios terrestres, aguas continentales y océanos deben ser protegidos y conservados de aquí al 2030. Esto ocurrió en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP15), celebrada en Canadá, donde se aprobaron nuevas metas para proteger la biodiversidad mediante la suscripción del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica.
Así, Costa Rica, como en otras épocas, se había adelantado dando un paso significativo hacia la conservación de la biodiversidad marina.
Por otra parte, el objetivo de desarrollo sostenible 14 (ODS 14) tiene una meta clara y urgente: “Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo”.
Sin embargo, la realidad de nuestros mares y océanos en Costa Rica muestra una situación preocupante que demanda acción inmediata y eficaz. A pesar de ocupar el puesto 61 a escala global en el índice de salud oceánica en el 2024, con una puntuación de 75 sobre 100, nuestras prácticas y políticas ambientales actuales dejan mucho que desear.
La gestión ambiental en nuestro país es alarmante cuando consideramos el consumo promedio de plaguicidas, que alcanza los 35 kg/ha/año, y el uso intensivo de fertilizantes, con 596 kg/ha/año por hectárea cultivable.
Además, el lanzamiento de 50 toneladas de plástico al ambiente al día agrava aún más la situación. La infraestructura de saneamiento también es deficiente: solo el 17,6 % del alcantarillado sanitario recibe tratamiento y apenas el 30 % del servicio del saneamiento opera de manera segura. Estos datos evidencian una gestión ambiental ineficaz que tiene un impacto directo en la salud de nuestras costas, mares y océanos.
En cuanto al índice de desempeño ambiental 2023, Costa Rica ocupa el puesto 68 a escala mundial y el 15 en Latinoamérica, con un preocupante puntaje de 46,3 sobre 100. Las áreas peor calificadas incluyen agricultura (21,8), pesquerías (17,5) y recursos hídricos (7,2). Es evidente que las mismas deficiencias que afectan nuestra tierra también impactan nuestras aguas.
Un dato alarmante es que el 49 % de las especies amenazadas del país son de ambientes marinos. En el 2022, el desembarque total de aletas de tiburón reveló que el 77 % proviene de especies clasificadas como vulnerables, el 12 % son de especies casi amenazadas y el 11 % de especies en peligro.
Estas cifras subrayan la urgente necesidad de tomar medidas de conservación eficaces para evitar la extinción de estas especies.
Otra situación preocupante es la reducción en el presupuesto destinado a la conservación de la biodiversidad, incluida la marina. Por ejemplo, el presupuesto asignado al Ministerio de Ambiente disminuyó un 9,9 % entre el 2021 y el 2023, y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación experimentó una reducción del 13,3 % en el mismo período.
Si retrocedemos aún más, comparado con el 2020, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha sufrido una caída del 39 % en su presupuesto. Esta situación crea una paradoja: menos presupuesto para proteger una mayor área oceánica.
La presión sobre nuestras pesquerías es insostenible. La coincidencia en valores bajos tanto en el índice de salud de los océanos como en el de desempeño ambiental en el manejo de pesquerías refleja la gravedad del problema.
A pesar de ser uno de los países con mejor desempeño ambiental en Centroamérica, Costa Rica no puede darse el lujo de dormirse en sus laureles.
Está claro que antes de aspirar al liderazgo azul internacional, Costa Rica debe mirar hacia dentro y trabajar arduamente para mejorar sus indicadores ambientales.
La contaminación de las aguas interiores y costeras debe ser abordada con políticas más estrictas, mayor inversión en infraestructura de saneamiento y una gestión más sostenible de la agricultura y la pesca.
La preservación de nuestros océanos no es solo una meta de desarrollo sostenible; es una necesidad vital para nuestra biodiversidad, economía y calidad de vida.
Cada acción cuenta, y es imperativo que tanto el gobierno como la ciudadanía tomen medidas decisivas para asegurar un futuro saludable para nuestros mares y océanos.
El autor es investigador del Catie y fue presidente del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica.
