“No me voy a referir”, contestó una y otra vez Pablo Heriberto Abarca, embajador de Costa Rica en México, cuando la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), le preguntó si el representante de Tradeco, Yves Loustalot Laclette, estuvo en la sede diplomática nacional o si el presidente, Rodrigo Chaves, le solicitó hacer alguna gestión ante esa compañía.
La Fiscalía General de la República investiga un posible tráfico de influencias para poner en manos de Tradeco el contrato de ampliación de 50 kilómetros entre Barranca y Limonal, así como la construcción de cuatro carriles en los 2,9 kilómetros de La Angostura, en Puntarenas.
Loustalot confirmó haber asistido a varias reuniones en la Casa Presidencial con el mandatario, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Luis Amador Jiménez y representantes de la constructora H. Solís. Las reuniones se celebraron para discutir la cesión del contrato de esta última empresa a la compañía mexicana.
Las respuestas de Abarca son inaceptables, salvo un alegato de posible autoincriminación. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo, pero todos tenemos el deber de rendir testimonio, mucho más quienes ejercen la función pública. “No me voy a referir” es a todas luces una respuesta insuficiente si no la acompaña una legítima justificación de la negativa.
Cuando enfrentan un testimonio como ese, los diputados deben insistir en conocer el motivo de la abstención para dejarlo asentado en los registros oficiales y ante la opinión pública. Permitir a un testigo evadir su deber de declarar sobre hechos que le constan conspira contra la labor de control asignada al Congreso.
La única razón alegada por Abarca para abstenerse de contestar es absurda. Se le había llamado a comparecer ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos en el marco de una investigación sobre las gestiones realizadas con el dueño de Repretel, presuntamente para poner fin al contrato de la televisora con la congresista socialcristiana Vanessa Castro.
Según la diputada, en abril del 2023, Abarca le confesó haber seguido instrucciones de Chaves para contactarlo con el empresario mexicanoguatemalteco Ángel González, dueño de la televisora donde ella laboraba como asesora externa desde hacía 18 años, hasta diciembre del 2022 cuando fue cesada.
Cuando la legisladora del Liberal Progresista preguntó si el representante de Tradeco visitó la embajada, Abarca dijo no comprender el objetivo de la pregunta. “Yo estaba convocado para una temática que no tiene nada que ver con esto”, agregó. Pero la interrogante era simple, no requería preparación alguna y se refería a hechos que debían constarle a Abarca, tanto como si le hubieran preguntado si la embajada tiene secretaria. Bastaba con responder “no” si Loustalot nunca fue a la sede diplomática, o “sí”, en caso contrario.
“No veo por qué no pueda responder una consulta que es parte de su función, no entiendo por qué se abstiene. Usted es un funcionario que le debe rendir cuentas a todos los costarricenses”, señaló la diputada con razón.
Abarca compareció desde México, mediante internet; sin embargo, los diputados decidieron convocarlo de nuevo, personalmente, con inclusión del caso Tradeco en la agenda. Las respuestas del embajador son de mucho interés y si se abstuviera de contestar, también sería de interés saber por qué.
