El personal de seguridad de la presidenta Dina Boluarte dispuso que los periodistas que asistieron al simulacro nacional multipeligro nacional 2024 fueran encerrados en una sala de espera, mientras que la mandataria presidía el evento sin tener que afrontar las preguntas de la prensa respecto a las acusaciones que pesan en su contra por los distintos cuestionamientos.
En ese sentido, el Consejo de la Prensa Peruana emitió su informe mensual de libertad de expresión el cual ha registrado la acción del Ejecutivo que ha despertado las críticas de diferentes organizaciones sociales. En el documento se detalla que el Gobierno ordenó que los hombres y mujeres de prensa solo puedieran observar cómo la jefa de Estado se retiraba del lugar sin brindar explicaciones respecto a las investigaciones en su contra por el caso Rolex.
Además, sostuvieron que este evento se asemeja a las actitudes que adoptó su antecesor Pedro Castillo cuando utilizó su influencia en la Policía Nacional del Perú (PNP) para evitar que los periodistas se le acercaran a preguntarle sobre las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público respecto a su círculo cercano, que se encontraba vinculado a actos de corrupción.
"El Consejo de la Prensa Peruana rechaza el maltrato de la presidenta Dina Boluarte a la prensa y su negativa a contestar preguntas. Sus más reciente restricción a la prensa se asemeja a la actitud del expresidente Pedro Castillo, que utilizaba a la policía como cordón para evitar que periodistas le hicieran preguntas. Esta organización reprueba que los políticos hayan normalizado el agravio, el insulto y la amenaza a los periodistas y medios de comunicación por destapar conflictos de interés, abuses de poder y demás controversias", se lee en su pronunciamiento.
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A pesar de la convocatoria del Palacio de Gobierno para que la prensa cubriera las actividades de la presidenta Dina Boluarte en el simulacro nacional multipeligro, el equipo de seguridad confinó a los reporteros en una sala frente al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), impidiendo su acercamiento a las autoridades.
Reporteros denunciaron que los mantuvieron alejados para evitar que la presidenta responda las interrogantes. Con esta acción, Boluarte Zegarra lleva más de 50 días sin dar explicaciones a los medios de comunicación, pese a que en estas últimas semanas se han revelado nuevas informaciones que podrían perjudicar su situación legal.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) condenaron este acto a través de sus cuentas en X. Señalaron que constituye una traba a la cobertura, un maltrato a los periodistas y afecta el derecho a la información de la ciudadanía.
En esa línea, el Consejo de la Prensa Peruana se refirió a la situación del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien utilizó las redes institucionales para acusar a La República y a otros medios de prensa de ser los responsables de fomentar el tráfico en las principales vías de la capital y consideró que existe una red de corrupción para "sacarlo del poder".
López Aliaga usó las redes oficiales de la Municipalidad de Lima para calificar de "pasquín" a este medio, debido a la permanente fiscalización que se le realiza a su gestión. La referida organización indicó que si la principal autoridad de la comuna capitalina se considera democrática, deberá ser tolerante con las voces discordantes.
"Las autoridades públicas- como en este caso el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el congresista Jorge Flores Ancachi- deben tener tolerancia por las voces discordantes, si se consideran democráticas", señalan.
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Los otros casos restantes involucran al congresista de la bancada de Acción Popular Jorge Flores Ancachi y al exalcalde provincial de Trujillo Arturo Fernández, quienes mostraron actitudes poco democráticas ante los periodistas que investigan presuntas irregularidades.
Como se recuerda, el reportero Eduardo Quispe del dominical 'Cuarto Poder' fue agredido verbalmente por el acciopopulista en los pasillos del Congreso tras realizarle preguntas para un reportaje. Vale precisar que, Flores Ancachi es investigado por el Ministerio Público al ser vinculado en el caso Los Niños y que habría cometido el presunto delito de tráfico de influencias.
Asimismo, de la exautoridad provincial Arturo Fernández, quien anunció que presentaría una querella por difamación agravada contra los periodistas Juan Bringas y Alejandro Quispe, director del diario La Industria, respectivamente. El mencionado diario dio cuenta de un reportaje en el cual se señala que Fernández cometió irregularidades en las obras que se realizaron en su gestión.
