Sánchez ha ligado su Gobierno a un relato torticero, solo apto para feligreses. Ese cuento es que todo lo que venga de una instancia judicial es una maniobra ultraderechista, porque los jueces son la última pieza de una vasta conspiración contra él. Este tipo de respuesta al funcionamiento normal de la justicia está tomado del populismo. Trump ha usado el mismo argumento en su juicio.
Ese relato confrontado con la realidad separa a Sánchez de las prácticas de los presidentes de las democracias liberales de la UE. El líder del PSOE ya se puede colocar entre los dirigentes populistas latinoamericanos en atención a su falta de respeto a las instituciones, la ausencia de responsabilidad, y la negación de la rendición de cuentas a la ciudadanía.
El espectáculo de un Gobierno, con su portavoz al frente, defendiendo a la esposa del presidente imputada por corrupción es tan bochornoso como inédito en la Europa democrática. Podría darse en dictaduras bolivarianas o peronistas. No sería extraño en Nicolás Maduro o en Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, esta última fue juzgada por corrupción y respondió acusando al juez de «lawfare» dentro de una «conspiración judicial y política» contra «líderes progresistas» del Continente. Es el mismo discurso que hace ahora el sanchismo.
La retórica de Sánchez contra sus críticos, a los que tilda sistemáticamente de «ultras», lo acerca más al espíritu de la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, de la Venezuela de Maduro, que fue aprobada en abril de 2024, que a la respuesta de sus homólogos europeos ante un caso de corrupción y tráfico de influencias en su entorno. La citada ley venezolana sería aquí la consecuencia lógica de los hiperventilados discursos gubernamentales alertando sobre el supuesto peligro ultra del PP, Vox, los medios y los jueces.
En su articulado, la norma bolivariana dice que el liberalismo y el conservadurismo son rasgos fascistas y reaccionarios y, por tanto, contrarios al progreso que encarna el Gobierno. Es más, y esto nos tiene que sonar de la respuesta socialista a las noticias sobre Begoña, señala que cualquier crítica a Maduro o a su Gobierno es un ataque a las instituciones, a la democracia y a la patria. Por supuesto, la instrucción de las causas según esa ley corresponde a la Fiscalía, como quiere aquí Sánchez, y no a los jueces. Por cierto, la norma la presentó Delcy Rodríguez, la amiga del sanchismo.
Las imágenes que veremos el 5 de julio, con la entrada de la esposa del presidente en un juzgado investigada por corrupción y tráfico de influencias se saldaría en cualquier país de la UE con la dimisión del jefe del Gobierno. Se iría no sin antes dar explicaciones a la ciudadanía, pedir perdón por la inestabilidad que genera, y asegurar la continuidad democrática del país. Luego no tendría más que esperar la resolución del juez.
La ejemplaridad es consustancial al desempeño de la presidencia, incluso Sánchez lo entendió en 2018. Lideró entonces una moción de censura contra Rajoy por una corrupción que al final no existió. Es hora de que se aplique su propia medicina. «Solo le queda una salida honorable –dijo entonces al jefe del PP–. Presente su dimisión ante el Rey. Solo tiene un camino, dimitir. No arrastre a España en su caída.
Entre el interés de España y el interés propio, piense en España y dimita, porque con Vd. la corrupción ha llegado a la presidencia del Gobierno».
Esa era la respuesta de un político que, al menos en apariencia, quería ser como los líderes europeos, dispuestos a dimitir ante la mínima sombra de corrupción. Hoy, en cambio, Sánchez está más cerca de Maduro y nos aleja de la Europa seria y responsable.
