El Gobierno no da crédito tras la citación del juez a Begoña Gómez. El magistrado Juan Carlos Peinado ha anunciado este miércoles, a cuatro días de las elecciones europeas, que llama a declarar como investigada —antes imputada— a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de tráfico de influencias. Fuentes gubernamentales admiten en privado que no pensaban que el caso fuera a llegar tan lejos y reiteran que no hay ninguna prueba de que se haya cometido algún hecho delictivo.
En Moncloa no ve ningún sentido a la actuación del juez desde el punto de vista procesal. Miembros del Ejecutivo afirman que, una vez admitió a trámite la denuncia del sindicato Manos Limpias, el magistrado tenía dos opciones: llamar a declarar a Gómez o valorar primero las pruebas testificales y los informes que elabore la Guardia Civil tras su correspondiente investigación. Peinado optó por esta última y llamó a declarar a periodistas que firmaron las publicaciones en las que se basó la querella de Manos Limpias, así como a implicados. Por ejemplo, el empresario Carlos Barrabés.
Sin embargo, el juez ha dado un giro de 180 grados y ha decidido citar a declarar como investigada a la mujer de Sánchez sin haber finalizado las declaraciones de los testigos, entre ellos, el propio Barrabés. Pieza clave en todo el caso. "Desde el punto de vista procesal no tiene ningún sentido", afirman en Moncloa. "Podría haberla llamado a declarar cuando admitió la denuncia, pero ha decidido hacerlo en plena campaña electoral", critican las mismas fuentes.
De ahí que el Gobierno considere que hay una clara intención política de beneficiar al PP y Vox. Miembros del Ejecutivo aseguran que el comportamiento de Peinado responde a una "clara intención de beneficiar a un partido político" en vísperas de los comicios comunitarios.
Además, consideran que durante una campaña electoral, existe una norma tácita en la Justicia que se basa en actuar con máxima cautela y con cuidado de interferir en los procesos electorales; una máxima que, según el Gobierno, ha saltado por los aires tras el anuncio de la citación de Begoña Gómez este miércoles. "Aunque no tenga sentido procesal, perfectamente podría haberla llamado a declarar la semana que viene", concluyen.
En Moncloa no pensaban siquiera que los artículos periodísticos fuesen a desembocar en una denuncia que se admitiese a trámite por el juez. "Se trata de una querella basada en recortes de prensa de noticias falsas", reiteran desde hace semanas desde el Gobierno. El magistrado decidió admitir la querella e incoar diligencias para investigar lo que apuntaban las informaciones publicadas por distintos medios digitales.
Peinado citó a declarar a varios testigos y encargó un informe a la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil —unidad del cuerpo dedicada a investigar diferentes delitos como el crimen organizado, la corrupción, los robos, homicidios y secuestros—. El documento, desvelado por El País, reflejaró que, tras la investigación, no había encontrado ningún indicio de los delitos de tráfico de influencias o corrupción en los negocios.
En el Gobierno dieron por hecho entonces que el juez archivaría la causa después de no haber encontrado indicios ni en las pruebas testificales ni en el informe de la UCO. Pero ni por asomo se imaginaban que el magistrado llegaría a citar después a Gómez "sin ningún indicio demostrable", afirman, más allá de los titulares de prensa.
En público, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha guardado las formas y ha asegurado que el Gobierno respeta las decisiones judiciales, aunque también ha escenificado el malestar que ha causado la noticia: "Queremos trasladar nuestra extrañeza y nuestra tranquilidad" (...) "Extrañeza por la casualidad de hacer conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación".
