La presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, ha defendido la gestión que ha llevado a cabo su Ejecutivo tras trascender las supuestas irregularidades en torno a la compra fallida de 1,5 millones de mascarillas, por 3,6 millones de euros, a la empresa instrumental implicada en el caso Koldo, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Prohens ha asegurado que no perdonará “ni un euro” a esta “trama criminal”, a pesar de que, según las investigaciones que se encuentran en manos de la Audiencia Nacional sobre estos hechos, el PP habría dejado caducar el expediente iniciado in extremis por el anterior Govern de izquierdas para reclamar el sobrecoste de 2,7 millones de euros abonado en 2020 por la adquisición de los cubrebocas.
Durante su intervención en la Comisión de investigación que se celebra en el Congreso de los Diputados en torno a compra de mascarillas por parte de las Administraciones públicas a la trama Koldo, a la que ha asegurado acudir “libremente para defender los intereses de todos los ciudadanos”, la presidenta balear ha negado “tajantemente” haber mantenido contacto alguno con Koldo García, exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como tampoco con ninguna otra persona cuyos nombres afirma haber escuchado “por primer vez” en el marco de esta causa.
Prohens ha señalado que fue el pasado 21 de febrero cuando se enteró “por un teletipo” que la Audiencia Nacional había ordenado detenciones por esta presunta trama -que ha calificado de “herencia envenenada”-, dado que el anterior Govern, ha asegurado, nunca les informó sobre estas pesquisas con motivo del traspaso de poderes llevado a cabo en julio de 2023.
Preguntada por el portavoz del PP en la comisión, Elías Bendodo, sobre si su Govern recibió alguna instrucción de la trama Koldo para que el expediente de reclamación del sobrecoste no prosperara -como apuntan varios informes de la Guardia Civil- o si habló al respecto con el portavoz parlamentario del partido, Miguel Tellado, o del empresario Jacobo Pombo, cuyos nombres figuran en el sumario, ha respondido: “Sin duda, no”. “Si no fuese por lo grave de estas difamaciones, tendría su punto cómico que una trama socialista se pusiera en contacto con mi gobierno”, ha señalado.
Pese a los intentos del PP por atribuir al anterior Govern de Francina Armengol toda responsabilidad respecto a la infructuosidad de la reclamación de los 2,6 millones de sobrecoste, fue ya bajo la presidencia de Prohens cuando el expediente habría acabado caducando sin que los conservadores hicieran nada por evitarlo. Así se infiere de uno de los autos dictados por el juez que instruye el 'caso Koldo', que recoge de forma pormenorizada el relato de la querella interpuesta por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción por estos hechos y compendia las diligencias de investigación efectuadas por la unidad policial encargada de las pesquisas.
La resolución judicial apunta a la influencia que Koldo García habría ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión con el objetivo de que la petición de devolución por parte del anterior Govern no prosperase y, de este modo, “favorecer a la mercantil y a su titular”.
La investigación constata que, a cuenta de esta reclamación de Balears, se produjeron varios encuentros entre Koldo García y Juan Carlos Cueto, a quien la resolución judicial señala como “la persona que realmente controla” Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, integrada en el grupo Cueto, si bien figura como propiedad de Íñigo Rotaeche. “Se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión en el contexto de la reclamación dimanante de la administración balear, a fin de que ésta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular”, abunda el auto.
El pasado mes de marzo, el Govern del PP en Balears desistió, de hecho, de la reclamación iniciada por el anterior Govern de izquierdas para recuperar el sobrecoste. El Ejecutivo dio así inicio a un nuevo expediente para declarar la nulidad del contrato de compra y restituir a las arcas públicas el dinero íntegro que se pagó por las mascarillas. La nueva estrategia del Govern pasa así por declarar que el contrato es nulo de pleno derecho, haciendo que se retrotraiga todo el expediente y dejando así sin efecto cualquier paso posterior -como si el contrato nunca se hubiera celebrado-.
Los momentos de mayor tensión se han producido durante el turno de preguntas del diputado del PSOE Juan Antonio González, quien ha inquirido en Prohens sobre la publicación en prensa de las supuestas presiones que su Ejecutivo habría recibido a finales del pasado año para que el procedimiento caducase. La presidenta balear ha insistido en varias ocasiones en negar tales hechos.
“Vamos, que aparece un jaguar en un garaje y no sabe de quién es”, le ha espetado González, ante lo cual, tras negar de nuevo conocer a Koldo García y a Jacobo Pombo, Prohens le ha respondido: “No le permitiré hacer acusaciones veladas sobre mi honorabilidad”. “Pero Pombo, que es el que está a la derecha del padre [en alusión a Feijóo], fue según la UCO la persona que intervino como intermediario entre la trama y el PP para que no prosperase la reclamación”, ha incidido el diputado socialista, quien ha recriminado, dirigiéndose a Prohens, que “intentaron guardar un elefante en una habitación y es que la trama Koldo presionó al PP para desistir”.
Previamente, y al igual que se ha pronunciado la líder balear del PP, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antonia María Estarellas, ha asegurado en el Congreso que no han tenido contacto alguno con los miembros de la trama del 'caso Koldo', ni han recibido “presiones” del PP o de otra instancia, para dejar caducar la reclamación.
En su comparecencia, Estarellas ha negado la veracidad de las escuchas a dirigentes de la trama en las que se hablaba de dirigirse al Govern balear del PP para parar la reclamación y ha querido dejar claro que no han tenido ningún contacto con Koldo García ni con otros miembros de la empresa. También ha negado esas supuestas llamadas a Génova para presionar al Govern, y ha insistido en que nadie les ha presionado sobre cómo tratar ese contrato firmado por el Ejecutivo de Armengol. “No, en absoluto, por ningún medio”, ha contestado tajante.
