La Junta de Chamberí acaba de emitir una resolución por la que concede a Alberto González Amador dos meses para la legalización de las obras de reforma integral que efectuó sin permiso municipal en la casa del distrito que comparte con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el Ayuntamiento de Madrid indica que puede solicitar una licencia que ampare las obras de acondicionamiento parcial y obras exteriores en su vivienda. Sobre estos trabajos pesaba orden de cese emitida en diciembre de 2022 por la Junta de Distrito.
La resolución fue firmada a las 13.15 horas de este lunes por el coordinador general de Chamberí, Javier Benito de la Torre, y llega después de que este lunes por la mañana se publicara que el consistorio había comprobado in situ hace una semana que la pareja de Ayuso ejecutó estas obras de reforma. La visita de la inspección municipal fue el pasado lunes 20 de mayo, cuando constató que el empresario había hecho caso omiso de las advertencias municipales y siguió adelante con unos trabajos para los que no tenía ningún permiso.
Ahora, Alberto González debe legalizar las obras a través de este procedimiento municipal o exponerse a demoler toda la reforma a su costa. En el primer caso, deberá abonar una sanción cuyo cálculo tiene todavía que definir el Ayuntamiento de Madrid, pero que se podría elevar hasta los 30.000 euros como máximo, según prevé la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid para los casos en los que se han ejecutado obras sin la cobertura de título habilitante.
También podría asumir una multa por el vertido de escombros en lugares no habilitados para ello, debido a que aseguró que la gestión de los residuos de los trabajos, que incluyeron importantes demoliciones, no iban a generar residuos. El vertido de escombros en lugares no habilitados para ello supone una infracción grave con sanciones de hasta 1.500 euros según la ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular.
La inspección municipal coincidió en día y hora con la visita del afectado, Alberto González Amador, a los Juzgados de Plaza Castilla para declarar por un fraude fiscal de 350.951 euros que ya admitió haber cometido ante la Fiscalía. El informe municipal indica que una persona que no quiso identificarse abrió la puerta de la vivienda para permitir el paso de la inspección. Esa misma persona aseguró que los trabajos eran legales porque había una declaración responsable que habilitaba la obra. Sin embargo, la Junta de Chamberí emitió hasta dos órdenes de cese en diciembre de 2022 impidiendo el avance de los trabajos y ordenando la restitución del inmueble a su estado original. La segunda de las órdenes fue abierta por el representante de González Amador el 22 de diciembre.
Más Madrid ha denunciado este lunes el “trato de favor, la falta de diligencia y la opacidad de Almeida” en este caso, a juicio de su portavoz Rita Maestre. “El PP debe saber que, como fuerza que lidera la oposición, no vamos a permitir que se crean impunes”, advertía a la vez que denunciaba la orden de legalización que desapareció este viernes y que ha vuelto a aparecer hoy.
El alcalde de Madrid respondía a la noticia con críticas hacia el partido de la oposición que ha denunciado el caso: “Si Más Madrid está sugiriendo que los servicios públicos cambian los informes, les está difamando”, aseguraba Almeida para luego advertir de que “todo tiene un límite”.
El regidor afirmaba que “el procedimiento administrativo de las obras va a concluir” pero volvía a ampararse en la ley para no dar “datos confidenciales ni de la esfera privada”. “A la izquierda le gustaría el ensañamiento, nosotros aplicamos la legalidad”, ha remachado después.
La visita de la inspección municipal llega dos meses después de que Más Madrid denunciara la ilegalidad de las obras, el pasado 20 de marzo. Entonces el concejal de distrito, Jaime González Taboada, y el propio alcalde evitaron dar una fecha para la revisión de una obra que el propio Alberto González ya había admitido que había ejecutado, como consta en el contenido del expediente municipal que obra en poder de la Junta de Chamberí.
Este expediente ha llegado también a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid porque el equipo de Almeida lo mutiló antes de entregar su contenido a la oposición. Lo denunció el PSOE hace diez días, después de recibir varias copias de documentos sin numerar, con abundantes tachones y páginas enteras en negro para ocultar datos clave en la revisión de este caso.
El piso comprado por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que constituye su actual residencia, está tasado para subasta en 837.893,61 euros, si bien el precio de mercado en la exclusiva zona donde está situado es mayor. La valoración que el portal Idealista hace de las viviendas en ese mismo edificio llega hasta 1.194.000 euros. Sobre el inmueble, como informó elDiario.es, pesa una hipoteca por un valor muy inferior, de 500.000 euros, que está a nombre del empresario. La vivienda, construida en el año 1970, se compone de vestíbulo, distribuidor, despacho, cocina, aseo y dormitorio de servicio, cuarto de aseo, cuarto de baño principal, dormitorio principal, tres dormitorios y un pequeño vestíbulo de servicio. También dispone de garaje.
Desde que elDiario.es desveló el fraude fiscal confeso de su pareja, la presidenta madrileña se ha negado a responder cómo se había financiado ese inmueble. González Amador adquirió el primero de los pisos que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en julio del año 2022. En julio de 2023, justo un año después, la sociedad Babia Capital compró el ático situado justo encima del inmueble. El administrador de esta empresa es Javier Luis Gómez Fidalgo, abogado de González Amador. Ayuso y su pareja disfrutan también de esta segunda propiedad, según ha podido saber elDiario.es. La mudanza de ambos a este edificio se anunció a los medios de comunicación en otoño de 2023. Ayuso llegó a declarar a distintos medios que estaba planificando la compra de la vivienda por los altos precios del alquiler en la capital.
La presentación de una declaración responsable como la que hizo ante el Ayuntamiento Alberto González Amador es algo habitual a la hora de iniciar actividades económicas u obras en Madrid. Se trata de una figura legal por la que la persona que la presenta asegura contar con todos los permisos para ejercer la actividad. La entidad responsable de la supervisión –en este caso la Junta de Chamberí– ha de revisar con posterioridad los documentos y, en el caso de que sean correctos, otorga su visto bueno a la operación. O niega la actuación, como ha ocurrido en este caso.
Las dos resoluciones negando las obras fueron firmadas por la citada María Cristina Goncer, entonces coordinadora general de Chamberí. Como contó este medio, fue cesada en su puesto después de la reelección de Almeida como alcalde. Como el concejal de Chamberí del momento en el que se tramitó la denegación de la obra, Javier Ramírez, ha acabado lejos de este distrito. Actualmente es subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid. El Ayuntamiento de Madrid asegura que el cese fue voluntario porque la coordinadora “quiso volver a su plaza”. Fuentes internas del PP consultadas por este periódico aseguran que la salida de Ramírez de las listas –fue hundido al puesto 33– se debió a una “represalia” por haber puesto reparos a las obras en el piso en el que actualmente reside la presidenta de Madrid.
El equipo del alcalde Almeida ha mantenido un cerrojazo informativo sobre el expediente abierto por las obras ilegales de Alberto González Amador. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz llegó a asegurar que no iba a filtrar “ni un solo dato”, defendiendo la amputación del expediente entregado a la oposición.
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