Aprobada en marzo en el Congreso y rechazada en mayo por el Senado, la ley de amnistía regresa esta semana a la Cámara Baja para su aprobación definitiva. Y, aunque durante la campaña electoral que precedió a las elecciones catalanas, el PP apenas mencionó el asunto, el pasado domingo convocó a los españoles -más bien a un puñado de madrileños- a protestar contra el olvido penal. Esa fue la excusa porque, en realidad, lo que busca es que el presidente del Gobierno disuelva las Cortes y convoque elecciones generales ya. Nada que no haya hecho, por otra parte, desde que empezó el mandato hace menos de un año.
“Esta legislatura está perdida. Le pido que ponga punto y final. Que vayamos con la verdad por delante, con la democracia y con la libertad”, arengó a los asistentes un Alberto Núñez Feijóo más despistado aún que la legislatura que da por extraviada. Y es que el líder de los populares tiene un lío descomunal. Un día dice que su partido no debe pactar con la extrema derecha; otro, justifica sus pactos con Vox y al siguiente, defiende el entendimiento con la posfascista Meloni porque la italiana no es como Orbán y Abascal, ya que los tres “son de partidos distintos que trabajan en países distintos”. ¡Gran argumentación!
Lo de ir “con la verdad por delante” también tiene su aquel porque la oblicua relación que el PP mantiene con la certeza la demuestra cada vez que eleva a pregunta parlamentaria un bulo o se hace eco desde la tribuna del Parlamento de informaciones fake difundidas por alguno de esos activistas a sueldo a los que utiliza para regar de basura la actualidad política.
Claro que mucho más elocuente que su insistencia en erigirse en paladín de la autenticidad es quizá su empeño en invocar la democracia como si ésta fuera sólo él y nadie más pudiera representarla. Democracia, en el argot popular, es que gobierne la derecha y no la izquierda. Democracia, para los de la calle Génova, es alimentar el odio al adversario. Democracia es creer que el fin justifica los medios. Democracia es no respetar la mayoría representada en el Congreso de los Diputados. ¿Y libertad? La libertad consiste sencilla y llanamente en llamar hijo de puta al presidente del Gobierno, en cometer delitos fiscales y de falsedad documental cuando a uno se le ponga en las narices, en forrarse a costa del sufrimiento ajeno con millonarias comisiones por vender mascarillas y en realizar obras ilegales en la vivienda habitual.
“¿Qué se puede hacer? El que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva”, fue la frase que allá por noviembre de 2023 profirió Aznar, con Feijóo sentado al lado, y que explica muchas cosas de las que ocurren hoy en España mientras el debate sobre la ética y la decencia en la vida pública sigue pendiente y las campañas de bulos y la máquina del fango no ceja. Mucho menos ahora que atravesamos otra campaña electoral más importante para Feijóo que para Sánchez, ya que el líder del PP tiene más que perder que el presidente del Gobierno.
Por eso la enésima manifestación contra una amnistía que media España da por amortizada y la otra media por bien empleada. Por eso la ristra de entrevistas en medios afines. Por eso las acusaciones contra Begoña Gómez. Por eso las contradicciones entre el Vox socio de gobierno y el Vox antieuropeísta y de extrema derecha. Por eso los ataques de la fundación que preside Aznar contra los de Abascal, a quienes acusan de ser un “seguro de vida” para el “sanchismo”. Por eso la petición del PP para que el presidente del Gobierno comparezca en el Senado para explicar las actividades profesionales de su esposa a dos días de las elecciones europeas. Y por eso también la guía que, a través del servidor del Consejo General del Poder Judicial, han recibido los jueces contra la amnistía para darles instrucciones sobre cómo elevar cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el paso que obligaría a paralizar la aplicación de la ley.
¿Qué de quién depende el CGPJ? No, no depende del Gobierno, sino de una mayoría conservadora, además de anómala y fraudulenta por haber expirado su mandato hace ya más de 2.000 días.
