Los rumores acerca de un desplazamiento de Nicolás Posse se hicieron realidad este lunes por la noche. Los idas y vuelta y la incertidumbre en torno a los trascendidos -provenientes de Balcarce 50-, tenían su razón de ser: por el peso institucional que supo construir el ministro coordinador su salida es el movimiento más importante dentro del Poder Ejecutivo desde que Javier Milei asumió la Presidencia.
De esta manera, Francos aglutinará un poder inusitado dentro de la gestión libertaria y entra aún más en el núcleo chico mileista.
La Jefatura de Gabinete tiene siete secretarías y ocho dependencias externas bajo su órbita, algunas de extrema importancia como el ENACOM, el CONICET (que emplea a más de 27.000 personas, la jurisdicción más grande de la administración pública), la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la cual maneja el destino de cerca de 19.000 inmuebles que son propiedad del Estado.
En las primeras semanas de gestión, las principales responsabilidades eran delegadas al ministro coordinador, que durante la campaña había liderado a los equipos técnicos para el futuro desembarco en Casa Rosada. Incluso, antes era considerado como una de las pocas personas que podía sentarse en la mesa chica libertaria junto a los hermanos Milei y el asesor Santiago Caputo.
Durante esos primeros meses de confianza total, una las decisiones más fuertes del Presidente fue haberle dado el control total sobre las empresas públicas, con la capacidad de determinar por arriba de cualquier ministerio sobre sus designaciones y la gestión del día a día.
Posse tenía dentro de su organigrama nueve empresas y sociedades del Estado (AGP, AYSA, CEATSA, Contenidos Públicos, Corredores Viales, RTA, Télam y VENG), pero por las facultades que le dio Milei a través del Decreto 19/24. Ahora, el jefe de Gabinete puede nombrar directores y tener la última palabra sobre la gestión y las transferencias en todas las empresas públicas o con participación estatal mayoritaria (a excepción de YPF, que cotiza en bolsa). El encargado abocado a ese proceso es Mauricio González Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado.
Habrá que ver qué pasa con los funcionarios de su cartera.
Un aliado incondicional de Posse es el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino, a quien le fueron encomendadas cada vez más tareas de las tantas que ya posee: el mes pasado le transfirieron Conectividad y Comunicaciones, una de las cinco secretarías que integraban el exministerio de Infraestructura.
Ese Decreto (318/24) le dio la potestad para decidir la intervención de los aranceles de servicios de telefonía e internet y la fiscalización de Arsat y el Correo Argentino.
También se abre el signo de interrogante con su segundo, José Rolandi, que participa en la mesa negociadora del Gobierno junto al secretario de Interior, Lisandro Catalán, y el asesor presidencial Santiago Caputo. A este funcionario se le atribuye haber difundido a los senadores los últimos borradores de la Ley Bases en el Congreso y un rol por demás activo en las principales gestiones que está haciendo el oficialismo en esa ley.
Otra figura de peso que desembarcó en la gestión pública libertaria por decisión de Posse fue el actual interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori. Se trata de un área del estado con especial avidez para Posse, en la que ambos mantuvieron reuniones con titulares de la CIA y el Mossad. Quien conoce muy bien ese ámbito es el brigadier (r) y secretario de Estrategia Nacional, Jorge Antelo, también muy cerano a Posse.
Por las secretarías se encuentran funcionarios clave para el desarrollo operativo de la gestión y las reformas del Estado que plantea desde adentro la propia fuerza oficialista.
Un caso es la subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, a cargo de Rosana Reggi, que está encargada de determinar las paritarias de los empleados públicos, así como fijar la reestructuración de las dotaciones de diferentes puntos de la administración pública.
Meses atrás oficiaba como superior de esta área Armando Guibert, el responsable de los aumentos salariales para los altos funcionarios. Ese episodio determinó su alejamiento del cargo. Asuntos como estos, que parecían meramente burocráticos en otras gestiones presidenciales, terminan siendo de alto voltaje para Milei.
Bajo el ala de Posse estaban funcionarios de corte técnico como Jorge Harán, subsecretario de Reforma del Estado, y Josefina Sanz, secretaria de Simplificación del Estado, a la cual le competen tareas de desregulación de diferentes normas.
Esa misma tarea la viene bosquejando el economista Federico Sturzenegger, que respondía directamente a Milei sin pasar por Posse y que trabaja en un despacho del segundo piso de la Casa Rosada sin tener un nombramiento oficial.
De raigambre constitucional viene el concepto de que el jefe de Gabinete ejerce la administración general del país y le corresponden tareas burocráticas fundamentales para el funcionamiento del Ejecutivo tales como efectuar la gran mayoría de los nombramientos y la de enviar y ejecutar la ley de presupuesto nacional.