La Fiscalía Europea se ha marcado el objetivo de mejorar este mismo año la detección y la investigación de posibles fraudes en la gestión de los fondos Next Generation. Y es que, según fuentes de la institución, entre las 29 investigaciones abiertas el pasado año, por ejemplo, ninguna de ellas tenía por objeto las millonarias ayudas aprobadas en 2020 por el Consejo Europeo –750.000 millones de euros para el conjunto de los estados miembros– concebidas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de la Covid-19. Y eso que España puede percibir en total por este concepto más de 140.000 euros durante la vigencia del programa comunitario.
«Debemos trabajar con mayor eficacia en términos de detección y de investigación de estos fondos», asumen fuentes de la Fiscalía Europea en nuestro país. Una situación que preocupa en la delegación española, y a la que desde el departamento que dirige el exfiscal antidroga Ignacio de Lucas están decididos a poner remedio. La primera barrera a la que tienen que enfrentarse para tomar conocimiento de esos supuestos fraudes, explican, es la orden ministerial que obvia a la Fiscalía Europea entre las instituciones a las que comunicar esas conductas presumiblemente irregulares en la gestión de los fondos europeos. «Pero eso no debería impedir que, si las autoridades nacionales detectan un fraude, nos lo comunican», señalan. Y aunque reconocen que «no es una tarea exclusivamente nuestra», aseguran están ya trabajando «para revertir esas cifras a final de año».
De momento, los fiscales europeos en nuestro país están llevando a cabo un «diagnóstico» para conocer las razones por las que esas investigaciones no se abrieron. «No es una tarea exclusivamente nuestra. Hay que tener claro qué medidas hay que adoptar», explican, o quizás optar por «una prevención más eficaz».
Y es que hacen hincapié en que las autoridades nacionales, incluida la Fiscalía Anticorrupción y los jueces instructores, «tienen la obligación de comunicarnos los casos» si hay indicios de que los fondos europeos han podido ser malversados.
A 31 de diciembre del pasado año, la delegación de la Fiscalía Europea en nuestro país mantenía abiertas 47 investigaciones, que se estima que podrían suponer unos perjuicios económicos que suman 321 millones de euros. Entre esas investigaciones se incluían trece con implicaciones transfronterizas. Para llevarlas adelante, la institución llegó a bloquear 126,6 millones de euros.
En la memoria de 2023 queda constancia de un dato llamativo: solo el 3,33 por ciento de los casos investigados se relacionan con delitos de corrupción. Unos procedimientos a los que este año se ha sumado la investigación de las adjudicaciones a la «trama Koldo» por parte de los gobiernos de Baleares y Canarias cuando los presidían Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, y el ahora ministro Ángel Víctor Torres.
Ni «choques» ni «fricciones»
Para la asunción de esos procedimientos –como sucedió en 2022 a cuenta de las comisiones percibidas por el hermano de Isabel Díaz Ayuso en la adjudicación de contratos para la adquisición de mascarillas, caso finalmente archivado– a veces resulta inevitable el choque con la Fiscalía Anticorrupción. Pero desde la Fiscalía Europea se quita hierro al asunto, en la medida en que –insisten– su trabajo «no debe generar ninguna fricción con las instituciones» ni plantearse «en términos de choque entre instituciones». Delimitar sus competencias en un determinado asunto, reconocen, puede llevar mucho tiempo. Verificar ese extremo antes de ponerse manos a la obra es, de hecho –según admiten las aludidas fuentes–, «la parte más complicada» de su quehacer diario. Sobre todo, explican, si la Fiscalía española ya está investigando los hechos, en cuyo caso «hay que solicitar mucha información» para cerciorarse de que el asunto es de su competencia. «Si iniciamos un procedimiento, estamos 100% seguros de que el tema entra dentro de nuestras competencias».
La Fiscalía europea, que incide en que su carácter colegiado para defender su independencia, sí tiene entre sus principales ocupaciones los casos de fraudes de IVA transfronterizos, que en muchos casos se caracterizan por la existencia de una organización criminal que vehiculiza esas conductas delictivas. No en balde, según los datos que maneja la Fiscalía Europea veinte de las 400 organizaciones criminales que operan en países de la UE están vinculadas a este tipo de fraude que, aseguran, «genera unos beneficios económicos enormes» a la par que afronta un reproche penal «escaso».
