Hay suficientes elementos para prever que la revisión del T-MEC tendrá un alto costo político para el próximo gobierno mexicano.
Consultor en Políticas Públicas y Comercio Exterior.
Ahora que la Secretaría de Economía anunció la creación de un grupo para la revisión del T-MEC, compuesto por funcionarios del gobierno y directivos de empresas, es indispensable empezar a evaluar el costo político del proceso, concepto que irá cambiando conforme avance la negociación y que se manifestará sobre todo durante su ratificación en el Capitolio. Si bien la negociación promedio de los 14 TLCs con que cuenta Estados Unidos fue de 18 meses, su ratificación ha tomado en promedio otros dos años, en los que se hicieron cambios al texto acordado en todos los casos o se agregaron acuerdos políticos de modo que se garantizaran los votos necesarios para su aprobación, sobre todo en la Cámara de Representantes. Con esto, podemos esperar que las revisiones al T-MEC entren en vigor entre el segundo semestre del 2027 y el primero del 2028.
Hay suficientes elementos para prever que la revisión del T-MEC tendrá un alto costo político para el próximo gobierno mexicano: las constantes confrontaciones y reclamos de López Obrador y de Morena hacia Estados Unidos; el retraso en la implementación del T-MEC; la falta de voluntad política para resolver los problemas relacionados con energía, maíz transgénico y temas ambientales; los incentivos para atraer empresas chinas a territorio mexicano; la expropiación que sufrieron algunas empresas; y la participación del Ejército en la economía. Además, existe la percepción entre un grupo importante de legisladores republicanos que la única manera de que México coopere en temas migratorios, de control de estupefacientes, e incluso relacionados con el Tratado de Aguas de 1944, es utilizar el T-MEC.
Aunque esta será la primera vez que el gobierno de Estados Unidos realice la revisión de un tratado comercial vigente, es muy probable que el proceso se lleve a cabo conforme a las reglas establecidas para la renegociación del TLCAN y que fueron aprobadas por el Congreso de Estados Unidos en el 2015, en la ley conocida como el Trade Promotion Authority (TPA), en la que se establecen al menos 10 meses para cumplir con este proceso bajo un escenario optimista. Esta ley expiró en junio del 2021, por lo que será necesario expedirla nuevamente en el 2025 o a principios del 2026 y por lo que no podemos descartar que se incorporen algunos cambios, de acuerdo a los resultados de las elecciones de noviembre y de la conformación que resulte del propio Congreso estadounidense.
El formato del proceso de negociación y ratificación que se apruebe en el TPA es uno de los elementos más importantes para la revisión del T-MEC. Hoy en día, requiere que el Congreso establezca objetivos específicos a lograr en la revisión, que pueden ser incluso por capítulo, y que cada uno de los 15 comités asesores del sector privado entregue por escrito al Congreso una evaluación de la negociación antes de iniciar el proceso de ratificación. En caso de que el Congreso considere que hubiera áreas importantes en las que no se consiguieron todos los objetivos planteados, o que la evaluación de los comités asesores del sector privado fuera negativa en su conjunto, el Congreso puede ordenar continuar la negociación, aún cuando el texto acordado ya estuviera firmado, y no establece límites para concluir la negociación.
Uno de los elementos más importantes que contribuyeron a lograr la aprobación del TLCAN en 1993, y en menor medida del T-MEC en el 2020, fueron los cabilderos contratados por el gobierno de México en Washington y las relaciones desarrolladas por las autoridades mexicanas con legisladores claves, que en su conjunto permitieron formar una plataforma de legisladores y organismos del sector privado que a su vez presionaron para lograr la aprobación de ambos tratados. A partir del gobierno de Vicente Fox, el gobierno mexicano desatendió esta plataforma que llevó mucho tiempo configurar y el apoyo que se logró para México en los años 90s se perdió. Es indispensable que el nuevo gobierno restablezca a la brevedad una posible una relación directa con los líderes de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, sobre todo porque hoy no sabemos con certeza si la legislatura que habrá de aprobar la revisión del T-MEC será la que se elija en noviembre o la que se elija en noviembre del 2026.
El próximo gobierno de México tiene que hacer saber a sus contrapartes si el T-MEC sigue siendo su prioridad y si está dispuesto a luchar por él, como lo está el sector privado de la región, pues sabemos que ha perdido importancia para el gobierno de Estados Unidos.
