El ambiente académico ha expresado, de diferentes formas, su disconformidad con el traslado del Archivo General de la Nación a un almacén ubicado en el Callao, al lado de una fábrica de lejía. Por ese alquiler se pretende pagar 12 millones de soles por 36 meses y sería el lugar elegido para preservar la documentación histórica mientras se construye el edificio destinado a ser su sede permanente en Pueblo Libre, que se calcula estará listo en tres años.
Hasta allí, parece tratarse de una decisión adoptada debido a la necesidad de la mudanza porque en el que la parte demandante era el propio Poder Judicial.
El archivo se ubica en el sótano del PJ y es cierto que allí tampoco se reúnen las mejores condiciones para mantener preservadas las joyas bibliográficas existentes. Es fácil recordar las denuncias sobre piezas históricas robadas en ese lugar. Autógrafas de José de San Martín y Simón Bolívar han desaparecido para ser comerciadas a coleccionistas inescrupulosos.
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Sin embargo, la pretensión de la nefasta gestión en Cultura ya no solo es incrementar el riesgo del robo, ahora es directamente poner en grave riesgo el acervo histórico y cultural de un país que tiene escasa memoria para recordar la gloria o la ruindad de su pasado y su presente.
, a un costo de 5 millones de soles por solo el traslado, entendiéndose que se trata de unos 30 kilómetros de material calculado de forma lineal. El nuevo almacenaje se ubica en una zona industrial y que, además, tiene en contra el clima del litoral y la contaminación de la ubicación.
Los 22 millones de soles que podría valer el alquiler más los dos traslados otorgados a privados, bien podrían servir para mejorar las condiciones en las que se mantiene el Archivo actualmente. Urge que la Contraloría intervenga para determinar la claridad de estos tratos del Mincul, que ya tiene antecedentes de tener poca probidad en el manejo del dinero público para favorecer intereses privados. Un país sin memoria siempre será la gloria para quienes promueven la corrupción.
