Las Fuerzas Armadas españolas han perdido el 10% de sus efectivos en los últimos veinte años, pasando de 130.039 militares en 2010 a solo 116.961 en 2023, con una reducción de 13.078, según datos de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa.
Esta situación es motivo de inquietud entre los mandos militares, que advierten de que el déficit de personal se ha convertido en un problema crónico cada vez más grave.
La Ley de la Carrera Militar de 2007 fija una horquilla de militares profesionales de entre 130.000 y 140.000, pero deja su concreción a los Presupuestos del Estado de cada año, que, sin embargo, solo fijan topes máximos, no mínimos.
Los presupuestos del año pasado establecían la cifra de soldados y marineros en 79.000, aunque en realidad fueron casi 3.000 menos.
La situación ha sido denunciada repetidas veces, poniendo el acento, por ejemplo, en la imparable caída del número de suboficiales, que registran otro mínimo desde 2012. Las Fuerzas Armadas perdieron 145 efectivos de esta escala en 2023. Los descensos se suceden todos los años desde 2016
En el caso del Ejército del Aire, el déficit de personal está provocando que, por ejemplo, no pueda cubrir las vacantes de comandante y brigada. En el ciclo 2023-2024 sólo serán evaluados 88 capitanes para el ascenso, cuando hay 177 plazas, y 147 sargentos 1º para 438.
Respecto a 2010, los militares de la clase de tropa se han reducido en 9.956 (11,5%). En cuanto a los cuadros de mando (oficiales y suboficiales) son poco más de 40.000, frente a los 50.000 que marca la ley vigente.
El número de militares en activo en 2022 fue el menor desde la entrada en vigor de la Ley de la Carrera Militar y supuso una reducción de 1.709 (1,4%) respecto al año anterior, según el último informe del Observatorio de la Vida Militar, un organismo dependiente de las Cortes.
A 31 de diciembre, las Fuerzas Armadas disponían de 144.285 efectivos militares, de ellos 130.780 en activo. Por ejércitos, 73.448 correspondían al Ejército de Tierra, 20.146 a la Armada, 20.466 al Ejército del Aire y del Espacio, y 2.905 a los cuerpos comunes.
Del total de efectivos, 40.805 eran cuadros de mando (oficiales y suboficiales), lo que supone 376 menos que en 2021; y 76.156 soldados o marineros, 1.333 menos.
Según el listado de Global Firepower, España se encuentra en la posición número 21 de las 145 naciones del ranking: alrededor de 125.000 soldados en activo, es decir, el 0,3% de la población total (Marruecos ronda el 0,5%, 200.000 efectivos).
Ex altos mandos de los ejércitos, lo mismo que algunos de los analistas más cualificados, dan a entender que el Gobierno está diseñando un ‘nuevo Ejército’, el Ejército del futuro, en el que es un punto destacado una clara reducción de efectivos, a cambio de un incremento de medios técnicos y tecnológicos acordes con los nuevos parámetros operativos.
Se trata de un asunto delicado, en el que el Ejecutivo se mueve con pies de plomo, porque conoce las reacciones que podrían producirse en el caso de que, como consecuencia de esos movimientos reductores, se divulgara el mensaje de que el Gobierno pretende “acabar con las Fuerzas Armadas”.
El déficit creciente de personal en las Fuerzas Armadas se inició en los años de la crisis económica, cuando se limitó al 10% la amortización de las plazas de oficiales y suboficiales y se redujeron al mínimo las convocatorias de ingreso para tropa y marinería.
El recorte del personal integrante de las Fuerzas Armadas no tendría como argumento principal el económico, es decir, el coste de una plantilla elevada, y, en consecuencia, el deseo de ahorrar en sueldos.
Según las fuentes consultadas, ahora “no hay problema de dinero”. En efecto, la realidad es que pocas veces en su historia el Ministerio de Defensa ha manejado tanto presupuesto como con Margarita Robles de ministra.
A lo largo de 2023, el gasto militar extra aprobado en los Consejos de Ministros supera los 28.700 millones de euros. Casi 13.000 millones han ido destinados a comprar vehículos de combate y armas, más que el presupuesto total de Defensa para 2023. Destacan los 4.593,6 millones para la adquisición de 25 nuevos aviones EF 2000 Eurofighter, cuyo coste se reparte entre los años 2023 y 2035.
También se ha acordado la compra, por 2.034 millones de euros, de un sistema aéreo de vigilancia multisensor para sustituir a los aviones de patrulla marítima (MPA) y vigilancia marítima (VIGMA). Incluye la adquisición de 16 aeronaves, con las que se recuperarán las capacidades militares necesarias para cumplir los objetivos de la OTAN para España.
Se han aprobado 1.953 millones de euros destinados a la adquisición de 394 vehículos, dentro del Programa de Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC), que sustituirá a los vehículos de Transporte Oruga Acorazado (TOA).
Además, el Gobierno ha gastado casi 4.000 millones de euros en la compra de armas: fusiles, pistolas, misiles, lanzacohetes, proyectiles y granadas. Y ha contratado, por 714 millones, un sistema de lanzacohetes capaz de proporcionar apoyos de fuego a distancia superior a la que permiten los sistemas de cañón, con gran precisión y una variedad de municiones; y 673,4 millones para modernizar NASAMS, sistema de misiles antiaéreos de altas prestaciones, elemento esencial para la defensa antiaérea y complementaria de otros sistemas antimisil en servicio de media-alta cota.
