Las reiteradas acusaciones de la candidata Xóchitl Gálvez contra el presidente de Morena, Mario Delgado, fue motivo de preocupación y discusión toda la semana pasada en Palacio Nacional.
Las reiteradas acusaciones de la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez contra el presidente de Morena, Mario Delgado, sobre su presunto involucramiento en el negocio del robo de combustible y daños al erario, fue motivo de preocupación y discusión toda la semana pasada en Palacio Nacional. Gálvez no ha aportado pruebas que sostengan su dicho, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador está nervioso y, junto con su equipo más cercano de colaboradores, decidió que Delgado se defienda él mismo. Ante la posibilidad de que surja la documentación que lo vincula al crimen organizado, el repliegue táctico presidencial equivale a un abandono político.
Los andares de Delgado por caminos oscuros no son nuevos. Desde hace más de un año la Fiscalía General ha estado documentando sus vinculaciones con personajes relacionados con el crimen organizado, particularmente con Sergio Carmona, un empresario tamaulipeco financiero de Morena a quien llamaban el Rey del Huachicol, que fue asesinado en Monterrey en noviembre de 2021. Los servicios de inteligencia mexicanos tienen una investigación amplia sobre las relaciones entre ellos dos y cómo el dinero de Carmona fue utilizado en cuando menos ocho de las elecciones para gobernador ese mismo año: Baja California, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
En varias ocasiones el fiscal Alejandro Gertz Manero le comentó al Presidente los hallazgos que se estaban haciendo sobre Delgado, no sólo de sus relaciones peligrosas sino también del uso de recursos de procedencia desconocida, pero los ignoró. Gertz Manero informó a fines del año pasado a López Obrador sobre una propiedad que había adquirido el líder de Morena en Valle de Bravo, cuya remodelación se estimaba en 50 millones de pesos, y este año agregó la compra de otras dos casas en la Ciudad de México, cuyo valor no corresponde a sus ingresos públicos.
Las sospechas sobre Delgado se convirtieron en líneas de investigación tras el asesinato de Carmona, y se volvieron prioritarias para varias áreas del gobierno federal en vísperas del proceso para seleccionar la candidatura presidencial de Morena, que arrojaron vínculos que alarmaron por la relación del empresario asesinado con varios cárteles de la droga y su cercanía con importantes figuras de Morena en Tamaulipas. También, porque políticos ligados a los principales cárteles de las drogas penetraron los equipos de las tres principales candidaturas.
Código Magenta, el sitio que dirige Ramón Alberto Garza, tuvo acceso a los archivos de los teléfonos celulares de Carmona, que incluyen comunicaciones y conversaciones, videos e imágenes de políticos muy cercanos a Delgado con el empresario. Entre éstas figura Gabriela Jiménez, miembro del Consejo Nacional de Morena y aspirante a una diputación por Azcapotzalco, a quien Delgado colocó en el cuarto de guerra de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, y Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que en los informes de inteligencia figura como la presunta bisagra del dinero procedente de la delincuencia organizada generado por Carmona, y el financiamiento a Morena.
Los señalamientos de Gálvez llevaron al Presidente a pedirle a Gertz Manero que consulte oficialmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos si existe una investigación formal contra Delgado en ese país. Información extraoficial sobre esta investigación se la proporcionó el fiscal a López Obrador el año pasado. Delgado buscó varias veces a Gertz Manero para pedirle su intervención ante Estados Unidos, pero por la forma como ha seguido actuando el fiscal, no parece haberle ayudado en nada. Delgado, dijeron funcionarios, ha buscado desde el año pasado abogados ante la eventualidad de una acusación, mientras que hay recomendaciones para que ni él ni el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ni su hijo Américo Villarreal Santiago, candidato plurinominal al Senado, viajen a Estados Unidos.
Oficialmente, como sucede normalmente cuando hay casos abiertos, las autoridades estadounidenses no han confirmado ni negado que exista una investigación que involucre a Delgado. Pero un reportero de Código Magenta tuvo acceso, a finales de diciembre pasado, a un fragmento del expediente de la DEA que forma parte de la acusación contra Carmona en la Corte del Distrito Oeste de Texas por lavado de dinero.
Código Magenta vio un memorando de la reunión que tuvo el hermano del empresario Julio Carmona con la DEA semana y media después de su asesinato, para convertirse en testigo protegido. Carmona había sido director del puerto de Altamira, nombrado por el entonces director de Aduanas en el gobierno de López Obrador, Ricardo Peralta, y despedidos ambos por presuntos actos de corrupción. Peralta fue rescatado por la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que –con el aval del Presidente– le autorizó hablar con cárteles de la droga para reducir la violencia, hasta que lo despidieron y se incorporó al equipo del excandidato Adán Augusto López. Julio Carmona no es el único testigo protegido que está aportando información sobre las redes de vínculos criminales y políticos de Carmona, sino también está el hijo de un general.
Todas las informaciones que fueron trascendiendo de la probable relación criminal de Delgado con Carmona fueron minimizadas por el Presidente, quien sólo hasta ahora, tras la denuncia de Gálvez, reaccionó. Sheinbaum tampoco actuó y Delgado se mantiene como el coordinador de su campaña y de todas las campañas de Morena en el país, y Gabriela Jiménez permanece en la sala de control y decisión de la candidata. El costo-beneficio en términos de ética política no es una variable que tomen en cuenta quienes están en el poder. Que no se interrumpa la operación política y la aplicación de los recursos es lo fundamental a seis días de las elecciones.
Pero en el mediano y largo plazo, el control de daños comenzó.
La decisión fue que el Presidente no hablara del tema ante el temor de que, si hay pruebas que involucren a Delgado con el crimen organizado, fuera él quien pagara el costo. El problema es que no pararía con él, pues la información hasta ahora es que dinero del narco presumiblemente ha sido factor estratégico en las victorias electorales de Morena.
