La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, sorprendía este mes distanciándose del partido con el que concurrió a las elecciones (CC) y anunciando que quiere que su municipio sea el primero de Canarias en tener una tasa turística. La polémica dirigente de Juntos por Mogán defendió el pasado 2 de mayo que esa tasa sería por “pernoctación” y mencionaba que quería emular a “Oporto, Lisboa, Roma, Venecia o Ámsterdam” ya que las experiencias en España, la de Catalunya o Balears son impuestos turísticos que gestiona una ley autonómica. Unos días después, Bueno matizó que se trataría de una tasa por “prestación de servicios públicos”. Expertos consultados recuerdan que un ayuntamiento no puede poner un impuesto. Sí puede poner tasas pero en resumen estas deben ser por servicios que esté obligado a facilitar el consistorio o por ocupación de dominio público.
El profesor de Economía Aplicada y miembro de la red Localis Alberto Vaquero García explica a este periódico que las entidades locales son titulares de un poder tributario “derivado” de la Administración General del Estado. Por ello, “la creación de los tributos locales, así como la regulación de todos sus elementos sólo podrá hacerse por una ley estatal” y “las Haciendas Locales podrán aprobar ordenanzas municipales, con rango de reglamento”, incide. Por tanto, los ayuntamientos “no pueden crear impuestos”, resume.
Lo que sí pueden crear, añade Vaquero, son tasas, pero para ello son necesarias dos condiciones: “La utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público (por ejemplo, la tasa por colocación de una terraza de verano o apertura de una zanja)” o “la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa que afecte o beneficie de modo particular si: (i) No es de solicitud o recepción voluntaria para los administrados; (ii) No se puede prestar por parte del sector privado”.
El experto, por tanto, incide en que “una tasa turística no encaja, debería ser un impuesto turístico y eso solo es posible si lo crean las comunidades autónomas. Un ayuntamiento podría hacer una propuesta de impuesto turístico, pero debe ser el Gobierno autonómico quien lo apruebe. El ayuntamiento de ”motu propio“ no puede”. Y recalca: “desde luego lo de tasa turística no procede, debe ser un impuesto”.
“¿Es viable un impuesto local sobre las estancias turísticas?” es la pregunta que ya se formuló Vaquero García en un informe de la red Localis sobre financiación local. En él explica que “si el número de turistas es elevado, puede producirse un impacto sobre la prestación de servicios públicos municipales, provocando una congestión del servicio y una merma de su calidad, además de un coste adicional sobre el medio ambiente, lo que a medio plazo puede poner en peligro el atractivo turístico de la zona. Una posibilidad de corregir esta situación es la aplicación de un impuesto sobre el turismo”.
El experto defiende que la manera de aplicar estas llamadas ecotasas es a través de impuestos e incide en que “para justificar la necesidad de aplicar tributos sobre la actividad turística se pueden señalar al menos dos argumentos. El primero es que el impacto del turismo sobre los servicios básicos debe tener algún reflejo en los recursos recaudados por el municipio, puesto que el turista se convierte en un claro competidor con el ciudadano residente en la utilización de los servicios. El visitante no aporta directamente nada a las arcas municipales, generando una importante externalidad sobre los residentes”.
En su exposición de argumentos también incide en que “la actividad turística tiene unos importantes costes ambientales que deben internalizarse. De no hacerlo, la actividad turística puede llegar a provocar un daño al ecosistema, por su sobreexplotación”. Tras una exposición de pros y contras que podrían tener estos impuestos, concluye que “si se persigue compensar de alguna forma a los ayuntamientos por el incremento del gasto municipal que supone la actividad turística, una de las posibilidades es el establecimiento de un impuesto sobre las pernoctas. Esto ayudaría a que los ayuntamientos asegurasen los recursos necesarios que garantizar unos servicios públicos de calidad para mantener su atractivo turístico.
El economista remarca que “esta figura tributaria resulta muy atractiva para las administraciones subcentrales, sobre todo, a nivel local, habida cuenta de que los ayuntamientos son las entidades responsables de garantizar los servicios públicos a los turistas, siempre que aparezcan problemas de congestión y merma de la calidad”. “Eso sí, en caso de que un municipio decida voluntariamente aplicar un impuesto sobre las estancias turísticas, este debiera tener una base lo suficientemente amplia que permita gravar de forma extensiva todas las actividades, evitando situaciones de intrusismo de los alojamientos irregulares. Además, se tendría que establecer varios gravámenes en función de la categoría del alojamiento, para introducir ciertas dosis de progresividad”, detalla.
“En cuanto al destino de la recaudación, es obvio que debería dedicarse a mejorar las infraestructuras turísticas, que posibiliten mejorar la calidad del servicio turístico ofertado. Además, este tributo solo tendría éxito si se aplicase a ciudades que tuvieran un atractivo turístico específico, donde el precio no sea la principal o la única variable que determine la demanda de este producto”. Así mismo, “su aplicación no está exenta de limitaciones, pues puede afectar a la actividad turística, especialmente si un municipio opta por el tributo y los que están próximos, no. Lo mismo podría suceder si se trata de municipios que están tratando de consolidar su oferta turística”, detalla en su informe.
Desde la Federación Canaria de Municipios aclaran que de momento no pueden hacer una valoración sobre la propuesta de Mogán, ya que no cuentan con todos los datos. El Ayuntamiento que dirige Onalia Bueno defiende que tiene “respaldo jurídico”. “El modelo por el que ha optado para ello es considerar contribuyente a toda persona que se aloje en estos establecimientos –hoteles, apartahoteles, campings, viviendas vacacionales, etcétera–. De esta forma, el turista abonará una tasa por cada noche en el municipio, pudiendo establecerse un número máximo de noches y otro tipo de exenciones, que al igual que la propia cuota se encuentran aún en estudio”, resume el consistorio.
Otras fuentes consultadas por este periódico también inciden en que la fórmula para gravar las pernoctaciones hoteleras es la creación de un impuesto, pues la tasa debe responder además a un estudio económico que asegure que la Administración no gana dinero con su exigencia. Un impuesto, sin embargo, es una herramienta de financiación básica del erario público. Barcelona, por ejemplo, tiene aprobado un impuesto por Ley Autonómica para toda la comunidad, pero lo aplica esta ciudad. Así mismo, en Balears se trata de un impuesto cuya recaudación va destinada a un fondo de Impulso del Turismo Sostenible y se reparte en proyectos. “Si bien ese impuesto no es medioambiental, sí que las finalidades son medioambientales”, recordó a Canarias Ahora María Antonia Truyols, economista que fue directora de la agencia tributaria que creó ese impuesto.
En Valencia también se trabajó por impulsar un impuesto a las pernoctaciones, que sería regulado por el Gobierno valenciano pero de aplicación municipal y de carácter voluntario. Una medida que no dio tiempo de ver sus efectos ya que PP y Vox la derogaron. Sevilla es otra de las ciudades donde se ha abogado por la implantación de la ecotasa pero el Gobierno andaluz (que debe aprobar el impuesto) la rechaza.
El debate sobre una ecotasa se ha encendido en Canarias especialmente al calor de las manifestaciones del pasado 20 de abril. Coalición Canaria primero se abrió a estudiarla pero después lo rebajó a hacer cambios en el IGIC, mientras que su socio de Gobierno, el PP, que ostenta la Consejería de Turismo, la rechaza de lleno. El asunto se ha llevado varias veces en las últimas semanas al Parlamento de Canarias y el PSOE propuso una PNL en este sentido, que es apoyada por NC. Podemos, que ya no tiene representación en el Parlamento, la defendió durante la campaña electoral.
