Según "Panorama", en los 5 primeros meses de este año, este régimen gastó esa cantidad de dinero en órdenes de servicio para labores en el que el Ejecutivo tiene personal de planta al servicio de la mandataria Dina Boluarte.
El régimen de Dina Boluarte debía apostar por la austeridad. Eso fue lo que prometió el primer ministro Gustavo Adrianzén cuando fue a pedir el voto de confianza al Congreso. Sin embargo, en los hechos, de acuerdo a información revelada este domingo por Panorama, esto no se cumple en el Ejecutivo.
Este dominical destapó que en los 5 primeros meses de este año el Gobierno de Dina Boluarte gastó S/500.000 en órdenes de servicio para labores donde existe personal disponible en el Despacho Presidencial.
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Según esa información, se tratarían de “trabajos duplicados” porque medio millón de soles fueron destinados para órdenes de servicio en control de documentos o archivo, funciones cubiertas en el despacho de Dina Boluarte.
En enero, la oficina presidencial gastó más de S/97.000 en servicios de apoyo de control documentario y administrativo. Fueron contratadas 3 personas para realizar este control documentario, pese a que en el Ejecutivo existe una dependencia que realiza esas funciones de lunes a viernes y con 14 personas.
Una de las contratadas fue Camila Solezzi Ludeña, quien obtuvo empleo con el Estado en el Despacho Presidencial.
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En febrero, el Gobierno emitió órdenes de servicios por S/235.000 también para contratar a personas donde el Despacho Presidencial cuenta funcionarios para realizar tales funciones.
El 1 de febrero, el ciudadano Edwar Ramos Pachas fue contratado por S/16.000 para trabajos logísticos en el despacho de Boluarte. Dos días después también lo fue en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) por S/28.000. Es decir, 2 servicios, casi en paralelo, para el régimen de Boluarte.
El vocero presidencial Freddy Hinojosa respondió que “tenemos que entender el proceso de contrataciones”. “Cada una de las fases comprende un procedimiento distinto, si usted me dice dentro de un procedimiento de contrataciones los actos previos, es otro procedimiento y usted me indica la contratación, es otro procedimiento”, alegó.
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La incógnita es de dónde vino la orden de contratar personas para responsabilidades que cuentan con trabajadores a disposición. El vocero Hinojosa respondió que “las necesidades de cada unidad son establecidas por el funcionario, siempre que exista la necesidad del servicio”. Y añadió: “Las necesidades del servicio en cada entidad son dimensionadas por el funcionario responsable, y si es así, el funcionario bajo responsabilidad realiza el requerimiento”.
Pero es incierto a base de qué necesidades y cómo estas se justifican. El vocero presidencial alega que dichas contrataciones fueron regulares.
La mandataria Boluarte —al igual que su antecesor Pedro Castillo— ha decidido no rendir cuentas ante la prensa. Se supone que su vocero debería esclarecer estas controversias, pero no es así.
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El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una tutela de derechos interpuesta por la mandataria Dina Boluarte. Este recurso buscaba que se llame la atención al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por supuestamente haber vulnerado los derechos de Boluarte en la investigación preliminar por el caso Rolexgate.
En la audiencia del 21 de mayo, el abogado de Boluarte, Eduardo Barriga, cuestionó que los fiscales Karina Llatance y Walter Giles incorporaron al caso material periodístico sin la participación de la defensa de la mandataria. Sin embargo, el juez consideró que la Fiscalía sí puede extraer y transcribir información de esa manera.
