La abogada fue restituida en el máximo cargo de la Procuraduría General del Estado por una orden del Poder Judicial.
María Caruajulca fue restituida en su cargo como procuradora general del Estado después de una larga controversia y lucha para recuperar su puesto. La letrada logró ser reintegrada tras una orden del Poder Judicial que el Gobierno de Dina Boluarte se resistió a acatar. Esto la motivó a recurrir a los medios de comunicación y solicitar a Javier Pacheco que se retire de la máxima encargatura de la Procuraduría General del Estado (PGE).
Caruajulca, abogada titulada en 1994, ha desempeñado su labor como procuradora pública en las municipalidades distritales de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Comas y La Victoria.
En el 2022, la letrada fue designada como procuradora general del Estado durante el Gobierno de Pedro Castillo. Después de un tiempo, un informe de la Contraloría General de la República reveló de que, en el proceso de selección a dicho cargo, no presentó una declaración jurada que demostrara que no tenía procesos en su contra.
En consecuencia, su designación fue concluida “por pérdida de confianza” y se le brindaron “las gracias por los servicios prestados”. Javier Wilfredo León Mancisidor ingresó en su reemplazo.
Luego de ello, Caruajulca trabajó como asesora II del Despacho de la Alcaldía de la Municipalidad de San Martín de Porres.
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María Aurora Caruajulca Quispe, recientemente restituida en su cargo como procuradora general del Estado de Perú, es una figura clave en la administración de justicia peruana. Su nombramiento inicial por el presidente Pedro Castillo ocurrió en febrero de 2022, en un contexto de controversia política y administrativa. Sin embargo, su designación fue rescindida en octubre de 2022 bajo la justificación de "pérdida de confianza", similar a otros casos de funcionarios en ese período.
Recientemente, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima otorgó una medida cautelar que restablece a Caruajulca en su puesto, al menos provisionalmente. Este fallo se basó en que no se aplicaron adecuadamente las causales de vacancia especificadas en la ley, lo que sugiere que la destitución podría haber vulnerado derechos constitucionales como el debido proceso.
A lo largo de su carrera y especialmente en su tiempo como procuradora general, Caruajulca ha estado en el centro de varias controversias, incluyendo observaciones por parte de la Contraloría respecto a su nombramiento. Su caso ha resaltado cuestiones importantes sobre la independencia y la protección legal en los roles gubernamentales de alto nivel.
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Tras una decisión judicial favorable, la abogada María Caruajulca Quispe ha retomado su posición como procuradora general del Estado, siguiendo una orden del Poder Judicial que mandató su reincorporación. Este dictamen responde a un extenso proceso legal que cuestionaba su destitución previa.
En su primera aparición pública tras ser restituida, Caruajulca Quispe expresó su gratitud hacia la comunidad de procuradores y los ciudadanos que le brindaron apoyo durante su proceso legal. "Muchas gracias a la comunidad de procuradores, a muchos ciudadanos que se han comunicado conmigo para darme fuerzas para solidarizarse conmigo, apoyarme en esta lucha", afirmó.
La procuradora anunció también nuevas iniciativas para mejorar la accesibilidad y la respuesta del Estado frente a las inquietudes ciudadanas, incluyendo la apertura de una oficina de atención al ciudadano. "Voy a implementar una oficina de atención al ciudadano, que voy a atender personalmente una vez a la semana para recoger quejas y denuncias, y a trabajar, señores, por nuestro país", explicó.
