La ampliación de la línea 11 de Metro ha sufrido mil y un tropezones, pero esta semana ha recibido un visto bueno del que muchos estaban pendientes. El Defensor del Pueblo y exministro socialista, Ángel Gabilondo, ha ratificado el proyecto de la Comunidad de Madrid que contempla la tala de cientos de árboles por las obras en los alrededores de la estación de Atocha, en concreto, aquellas que afectan al paseo de la Infanta Isabel. El escrito del Defensor del Pueblo asegura que la actuación del Gobierno regional está justificada por tratarse de una obra «de esa envergadura» que se aborda por el «interés general» de los ciudadanos. La resolución firmada por Gabilondo responde a las críticas de los vecinos, que han organizado protestas y manifestaciones en los últimos meses . La institución se ha interesado por el asunto desde el principio, y ahora el defensor dicta una serie de «consideraciones generales» y da por finalizada su actuación en relación a esta queja, sin examinarla en profundidad, ya que existe un proceso en curso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en el que se denegó la suspensión cautelar de la tala solicitada por Aedenat-Ecologistas en Acción en los parques de Arganzuela y de Comillas (en el distrito de Carabanchel). El escrito recoge parte de los argumentos esgrimidos por el Gobierno regional sobre la justificación de la tala y el plan para minimizar su impacto, aludiendo a la compensación de los ejemplares perdidos. La Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras modificó el proyecto inicial para reducir casi a la mitad los árboles talados : de los 1.027 ejemplares iniciales hasta los 676 recogidos finalmente en la Declaración de Impacto Ambiental, que precisa que otros 203 ejemplares serán trasplantados. El Defensor del Pueblo se refiere a la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, que prohíbe la tala, el arranque o abatimiento de árboles con más de diez años de antigüedad o veinte centímetros de diámetro de tronco al nivel del suelo que se ubiquen en suelo urbano, para subrayar que si bien la norma «no contiene una enumeración tasada de los supuestos que justifiquen la tala, la realización de obras es una razón que la legitima». «La realización de obras para mejorar las infraestructuras del Metro y la creación de estaciones próximas, algunas pedidas por los vecinos, son una causa justificada para talar un árbol», sostiene la oficina de Ángel Gabilondo, que considera que el proyecto «reviste enorme complejidad». «Una obra de esa envergadura —que se aborda para dar satisfacción a un interés general—, necesariamente genera impactos ambientales y molestias, que deben ser evaluados y corregidos en lo posible, además de riesgos para la seguridad de las personas que deben evitarse a toda costa», señala el defensor. «Revegetar» los terrenos A pesar de avalar la pertinencia del proyecto, Gabilondo espera que las zonas afectadas por la tala «queden convenientemente revegetadas y restauradas y que la pérdida de los árboles sea adecuadamente compensada». Parte de esos conjuntos arbóreos afectarían a elementos urbanos singulares protegidos dentro del Catálogo de Elementos Protegidos Elementos Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) y bienes incluidos en la zona de amortiguamiento del Paisaje de la Luz, el eje Prado-Retiro declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 2021 . madrid_dia_0703 La Comunidad de Madrid atiende al artículo 2.3 de la Ley 8/2005 de Protección del Arbolado para compensar la tala de arbolado: se plantará un ejemplar adulto por cada año de edad del árbol original . Las obras contemplan la tala de árboles centenarios en el tramo de Atocha y Conde de Casal, entre ellos, todos los de la acera impar del paseo de la Infanta Isabel, y plátanos de gran envergadura que alcanzan los 30 metros de altura. Solo hay un punto, sobre la ausencia de estudios hidrogeológicos —cómo repercuten las obras en las profundidades del terreno—, en el que Gabilondo señala que no se puede concluir «con toda certeza» que el proyecto «incorpore todos los aspectos» requeridos sobre esta afectación al subsuelo.
