El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ya ha concedido amparo colegial a ocho abogados en lo que va de año, la misma cantidad que en todo 2023. La mayoría han sido denuncias por el acoso de clientes a sus abogados, generalmente del turno de oficio, y por actuaciones abusivas de agentes policiales.
Fuentes de la corporación madrileña han apuntado a que este auge en la solicitud de amparos se debe a la campaña informativa en todas las sedes judiciales y en redes sociales “No protesto, señoría” que empezó el ICAM este marzo para dar a conocer la eficacia del servicio e impulsar la figura del amparo colegial.
Según los datos del “Estudio integral sobre la situación de la abogacía madrileña”, 6 de cada 10 abogados han sufrido vulneración de su derecho de defensa y no lo han denunciado, toda vez que un 29 % lo ha revelado en redes sociales o en su entorno profesional, un 19% ha presentado una queja en organismos de la Administración de Justicia y solo un 13% ha presentado una queja en ICAM.
Durante 2023, se registraron 29 solicitudes de amparo, lo cual supuso un incremento del 123 % con respecto al año anterior, y se concedieron finalmente 8 frente a los 3 de 2022.
El primer amparo colegial de este 2024 se otorgó a finales de este marzo. Una letrada del turno de oficio denunció ante el ICAM acoso y vejaciones continuadas por parte de un cliente al que defendía en un procedimiento laboral.
La abogada llegó a recibir "alrededor de seis horas de grabaciones mediante audios enviados por correo electrónico y WhatsApp, más de 50 correos electrónicos y multitud de llamadas y mensajes por discrepar con su estrategia de defensa. El hombre llegó incluso a faltarle al respeto llamándola “sinverguenza”, “vaga” e “irreponsable”.
La Junta de Gobierno de la corporación madrileña acordó este miércoles el amparo para siete abogados, una cifra récord.
Seis de los ocho colegiados amparados este año son del turno de oficio, un sector que ya está precarizado por la falta de actualización de los baremos.
Por otro lado, la mitad de estos amparos se han concedido a mujeres abogadas. De los 24 casos de amenazas sufridas en el ejercicio profesional reportados en 2023 al departamento de Defensa de la Abogacía del colegio madrileño, el 67% afectaron a mujeres letradas.
Tres de los nuevos amparos concedidos este miércoles han sido por acoso. Uno de los letrados denunció haber sido víctima de acoso “constante y prolongado" por parte de su cliente, que se mostró descontenta ante las resoluciones emitidas durante el procedimiento e inició una campaña de desprestigio por internet.
Creó un blog y una página web en la que publicó información humillante y ofensiva del letrado. Llegó incluso a compararlo con imágenes de monos y ladrones con fotografías y caricaturas.
Otro abogado pidió el amparo colegial tras una serie de denuncias presentadas a la Policía contra su representado, al que habían diagnosticado un trastorno psiquiátrico. Le llegó a llamar más de 70 veces en un solo día y 450 veces en un fin de semana.
Un caso similar sufrió una letrada que denunció a su cliente por el comportamiento “intimidatorio y agresivo” que incluía amenazas constantes y mensajes de WhatsApp ofensivos.
El ICAM también ha amparado a varios colegiados a los que los cuerpos de agentes policiales les han abierto expedientes sancionadores “injustamente” y han considerado que se ha producido un abuso de poder.
A uno de ellos, varios agentes de la Guardia Civil negaron su identificación como letrado, lo insultaron gravemente, amenazaron con arrestarlo y ridiculizaron su actuación profesional delante de otros presentes.
Otro letrado denunció que había sido sancionado con una multa de 600 euros por la Policía Nacional tras ser increpado por unos agentes que le reprocharon su conducta al volante al llegar a la comisaría y una abogada que también fue multada con 400 euros alegó que le habían abierto un expediente sancionador por mostrar su desacuerdo con la demora en la atención y la falta de información.
La última solicitud de amparo presentada fue la de una letrada que reclamó haber sido acusada de un delito de calumnias en un informe remitido a un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional por parte de una unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
