Las empresas que clasifican a los trabajadores como contratistas independientes evaden sus responsabilidades como empleadores.
Uber, Lyft, DoorDash, Instacart y otras grandes corporaciones de la economía colaborativa o bajo demanda una vez más buscan la bendición de la ley en Estados Unidos para sus prácticas de empleo inescrupulosas.
De cara a la elección de noviembre, estas empresas propusieron varias iniciativas electorales en Massachusetts que las empoderarían para clasificar a los conductores y los repartidores como contratistas independientes en lugar de empleados. (El Open Markets Institute, donde trabajo, presentó un escrito amicus en respaldo de una impugnación de la constitucionalidad de las cuestiones electorales).
Como sucedió con la Propuesta 22 en California en el 2020, Uber y otras empresas probablemente gastarán pródigamente para convencer a los votantes de que estas medidas beneficiarían a los trabajadores afectados y a la población por igual.
Si los votantes de Massachusetts respaldan las iniciativas electorales en noviembre, estas empresas tendrían la libertad de privar a los trabajadores de derechos y beneficios de empleo básicos, entre ellos salarios mínimos, pago de horas extras, compensación de los trabajadores y seguro de desempleo.
También les daría a los empleadores en la economía colaborativa una ventaja competitiva enorme —y manifiestamente injusta— en relación con los competidores, y degradaría los estándares del mercado laboral. En lugar de alentar este modelo de negocios explotador, los responsables de las políticas estatales y federales deberían obligar a estas empresas a cumplir con las leyes que rigen para todos los empleadores.
Las compañías colaborativas han calificado erróneamente a su fuerza de trabajo principal desde el principio, violando abiertamente la ley o explotando sus ambigüedades. Uber y Lyft, por ejemplo, han insistido frente a los reguladores y a la población en que sus conductores son contratistas independientes y, por tanto, no cuentan con los derechos y las protecciones de los empleados, incluida la libertad para organizarse.
Estas empresas conservan el control de un empleador —Uber les dice a sus conductores a quién recoger y qué rutas tomar, y fija sus tarifas— renunciando, al mismo tiempo, a las responsabilidades y costos de ser un empleador.
El proceso de iniciativas electorales podría despejar la nube legal que se cierne sobre las corporaciones colaborativas, al menos en Massachusetts, donde parecen violar las leyes laborales favorables a los trabajadores. En el 2020, la entonces procuradora general Maura Healey (que hoy es gobernadora del estado) demandó a Uber y Lyft, con el argumento de que clasificaban erróneamente a los conductores como contratistas independientes y les negaban ilegalmente el salario mínimo y el pago de horas extras. El proceso del caso acaba de comenzar.
Codificar la clasificación de los conductores, compradores y repartidores de las empresas como contratistas independientes causaría un daño sustancial. Para empezar, los trabajadores serían privados formalmente de los derechos de empleo.
A pesar de estar clasificados erróneamente, hoy pueden apelar a un recurso legal bajo la ley de Massachusetts si no reciben el pago del arancel mínimo de 15 dólares por hora establecido por el estado. Asimismo, los trabajadores no tendrían derecho al seguro de desempleo si perdieran su trabajo, o a una compensación si resultaran heridos o atacados durante las horas en que trabajan.
No se trata simplemente de daños teóricos. Muchos, si no la mayoría, de los conductores de Uber y Lyft ganan menos del salario mínimo aplicable después de considerar los costos de su vehículo, el combustible y el seguro. Muchos trabajadores perdieron su ingreso durante la pandemia de covid-19.
Los conductores de taxis y repartidores suelen ser atacados o resultan heridos mientras están trabajando. Según la Oficina Federal de Estadísticas Laborales, el transporte y el reparto son la línea de trabajo más peligrosa en Estados Unidos, con 1.620 muertes registradas en el 2022.
Privar a los trabajadores de las protecciones básicas tendría consecuencias graves para un grupo conformado desproporcionadamente por migrantes y negros.
Lo que las empresas de la economía colaborativa pretenden en Massachusetts y otras partes es una ventaja permanente sobre sus competidores que deben cumplir con las leyes de empleo del estado. Las empresas que clasifican mal a los trabajadores como contratistas independientes y, por ende, evaden sus responsabilidades como empleadores, ahorran entre un 20 y un 40 % de los costos laborales.
Uber, Lyft y DoorDash ya cuentan con esta ventaja. Los competidores a quienes se les exige clasificar a sus trabajadores como empleados seguirían teniendo que pagarles a sus trabajadores un salario digno y aportar a la red de seguridad social estatal.
Las empresas de taxis que emplean a conductores y los restaurantes y supermercados que hacen reparto de alimentos ya han perdido una participación de mercado sustancial frente a las compañías colaborativas que vienen violando desde hace rato las leyes de empleo, y que pudieron funcionar a pérdida durante años. Las iniciativas electorales propuestas legalizarían esta competencia injusta.
La injusticia es evidente: un restaurante que emplea a un conductor para repartir comida se vería obligado a pagarle por lo menos 15 dólares por hora, mientras que DoorDash, si entrega la misma comida desde el mismo restaurante, podría legalmente pagar menos a su conductor. Cuando el Congreso sancionó la ley de salario mínimo nacional y horas extras en 1938, catalogó el pago a los trabajadores de salarios inferiores al pago mínimo como “un método injusto de competencia”.
Por último, si tienen éxito, las iniciativas electorales propuestas provocarían una carrera hacia el abismo. Con el tiempo, las empresas colaborativas capturarían una participación de mercado aún mayor a través de sus prácticas laborales perniciosas y emplearían a más trabajadores que carecen de protecciones fundamentales.
Sus competidores se enfrentarían a la opción de cumplir con la ley y, potencialmente, terminar quebrando, o llevar a cabo prácticas como el robo de salarios para seguir siendo competitivos. Aunque ostensiblemente limitadas, estas medidas, en definitiva, podrían minar los estándares sólidos del mercado laboral de Massachusetts.
Las iniciativas electorales propuestas representan un esfuerzo insidioso de las corporaciones de la economía colaborativa por legalizar sus modelos de negocios ilegales. Si bien una derrota en las urnas —o en la corte— podría obligar a estas empresas a cambiar el rumbo de acción en Massachusetts, no será suficiente.
Los responsables de las políticas estatales y federales deben tomar medidas más contundentes contra estas empresas, que han logrado en gran medida violar las reglas. Han avanzado rápido y han roto cosas, y ahora buscan una validación cuando el daño ya está hecho por el perjuicio que han causado. El gobierno debería decir basta: nadie, ni siquiera Uber, está por encima de la ley.
Sandeep Vaheesan es director legal del Open Markets Institute.
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