Las cartas de los lectores tratan sobre el retraso en la entrega de compras por medios tecnológicos, el problema de los pensionados con la fecha de vencimiento de los recibos de agua y luz, y críticas y preocupaciones sobre la educación.
Agradezco a Harold Lara, de la tienda Gollo de Zapote, su orientación para reclamar la entrega de un colchón matrimonial que compré en línea el 16 de mayo y que, según lo estipulado, debieron traerlo a mi casa en un plazo de 48 horas.
Pese a la amable asesoría, el correo enviado a gollo_cr@unicomer.com, tres llamadas al 800-00-46556 (el correo serviciocliente@gollotienda.com ni siquiera funciona) y comunicarme por el número en WhatsApp 83046556, que se paraliza después de la opción para obtener información sobre plazos de entrega, sigo sin certeza de cuándo me van a dar el colchón.
Silvia Pizarro Araya, San José
Estoy totalmente de acuerdo con Guillermo Vargas (”Cartas”, 20/5/2024), sobre las fechas de pago de agua y luz, porque deben hacerse mucho antes del depósito de la pensión. Ojalá el inconveniente se resuelva pronto.
Hernán Aguilar Segura, Montes de Oca
Las universidades privadas se quejan de que los graduados de la secundaria llegan mal preparados, pero a las universidades, ¿quién las supervisa? Solo un 5 % de los egresados de Derecho aprueban el examen de incorporación. Así pasó con los profesores de Inglés y los médicos. El Conesup debería ser más riguroso en la acreditación de centros de educación superior privados y los planes de estudios.
Jorge Luis Salas Oviedo, Alajuela
Claro que los órganos de decisión de las gerencias y juntas directivas han fallado, como declaró Rocío Aguilar, superintendenta de entidades financieras, a La Nación, sobre la revisión de la idoneidad de quienes integran los órganos de decisión.
La mejor muestra son entidades como la SAFI del BCR, Bancrédito y algunas cooperativas grandes y pequeñas con problemas serios de este tipo, pero quienes supervisan han fallado y debieran cumplir también con la misma idoneidad.
Actúan cuando los hechos graves han sucedido. Aunque estos no sean de carácter sistémico, pueden perjudicar a miles de costarricenses que merecemos la protección de los órganos obligados a realizar la supervisión, ¿o van a esperar al estallido del sistema financiero para preocuparse?
German Alfaro Murillo, Nicoya
La clínica Asembis que queda en San José me ofreció por teléfono un chequeo odontológico. La cita quedó para un día a las 3:15 p.m. Me presenté 10 minutos antes y me registré debidamente; sin embargo, el tiempo transcurría y no me atendían, mi ficha era la G23. Llamaron a la G21, G22, G24, G25, etc.
Consulté qué sucedía, y me dijeron que tenía que seguir esperando. El tiempo ya era mucho, así que pregunté por la Contraloría de Servicios, y con mirada desafiante, me respondieron que “no tenían ese conocimiento”.
Es lamentable que al no tener otras alternativas médicas, no fuera valorado como persona, aun cuando iba a pagar la atención.
Francisco J. Sánchez Calderón, Heredia
La mayoría de las personas conocemos el viejo refrán “donde se sientan dos abogados, salen tres opiniones”, pero si nos basamos en el más reciente informe del total fracaso de esos profesionales que se presentaron a su colegio para la incorporación, no puedo más que sacar en claro que esas tres irreales opiniones son sin sustento jurídico y menos idiomático.
Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados
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