El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción como parte de la "segunda guerra" contra el narco y el crimen organizado. Esta medida busca enfrentar la creciente ola de violencia y criminalidad en varias provincias del país, incluyendo Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, Sucumbíos, Orellana, Camilo Ponce Enríquez y Azuay.
La medida estará vigente por 60 días y permitirá al Gobierno ecuatoriano aplicar una serie de medidas extraordinarias para restaurar el orden y la seguridad. Entre estas medidas se incluyen toques de queda en las áreas más afectadas, controles de armas y la intervención directa de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.
"Hoy nos encontramos en la segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han resguardado y atrincherado en siete provincias", indicó Noboa. Además agregó que “es importante tomar acciones y por ello el Gobierno nacional ha decidido decretar un nuevo estado de excepción. La seguridad de todos los ecuatorianos es primordial para este Gobierno”.
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Diversos sectores de la sociedad ecuatoriana mostraron su apoyo a la medida, considerando que es necesaria para enfrentar la actual situación de inseguridad. Los gremios empresariales y las asociaciones de vecinos respaldaron las acciones del Gobierno, reconociendo la importancia de acciones de firmeza para combatir el crimen organizado.
Esta medida llega luego de que, el pasado viernes 10 de mayo, la Corte Constitucional declarara inconstitucional un anterior decreto de estado de excepción. En el dictamen, el máximo tribunal de garantías de Ecuador determinó que en aquella declaración de estado de excepción no fue justificada la configuración de “conflicto armado interno” esgrimida para declarar esta medida de carácter extraordinario.
La medida fue emitida el 30 de abril y contemplaba la movilización de las Fuerzas en Armadas en apoyo a la Policía con la finalidad de combatir la delincuencia organizada, además de la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Los magistrados también indicaron que “tampoco se ha justificado su ámbito territorial y temporal de aplicación ni que los hechos aludidos no puedan ser enfrentados a través del régimen ordinario".
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Daniel Noboa indicó que las provincias en estado de excepción, declarado por el conflicto armado interno, son las que "más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción". Además, Noboa indicó: "A pesar de los grandes riesgos que corremos, estamos aquí para asegurar lo ganado y responder con determinación y fuerza".
Las bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico son responsables de la ola de violencia en Ecuador, que ha llevado al país a tener una de las tasas de homicidios más altas de Latinoamérica, con 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
