El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, ratificó la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) para construir el nuevo hospital de Cartago en un terreno de 11,8 hectáreas ubicado en Tejar, El Guarco, el cual fue adquirido desde el 2011 por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Tattenbach emitió la resolución el pasado 2 de abril, al declarar sin lugar un recurso de apelación presentado por María Ángela Mata Guevara, presidenta de la Asociación Pro Hospital en Cartago. Ella impugnó la resolución N° 1668-2023 por medio de la cual Setena concedió la licencia ambiental el pasado 1.° de noviembre.
El ministro decidió mantener en firme la resolución de Setena al considerar que el terreno en el cantón de El Guarco cumple con las condiciones ambientales para construir un nuevo centro médico. Una posición contraria mantienen el mandatario Rodrigo Chaves; la ministra de Salud, Mary Munive, y la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, quienes adversan el lote y presionan por construir el centro médico en otro sitio, aunque, hasta el momento, no han tenido éxito en ubicar un lugar.
Justamente, este miércoles 22 de mayo, la Junta Directiva de la CCSS acordó adjudicar la construcción en El Guarco a la empresa mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V., que fue la recomendada por la Gerencia de Infraestructura y Tecnología de la misma institución. La votación contó con el voto de tres representantes de los trabajadores, tres del sector patronal y el voto en contra de los tres delegados del gobierno.
En total, concursaron cuatro empresas, y fue elegida la mexicana que obtuvo el mayor puntaje en la calificación de análisis técnico: un 98,22%. La oferta de esta empresa es construirlo por $314,1 millones. Contaría con 10 quirófanos y 434 camas (que se podrían ampliar a 457).
El ministro de Ambiente y Energía dejó claro que la resolución de Setena “no constituye un permiso” pues la CCSS deberá proseguir con los trámites que exige la ley, entre ellos, “solicitar y tramitar ante el Ministerio de Salud el respectivo permiso de ubicación y sanitario de funcionamiento”. En ese sentido, la ministra de Salud y segunda vicepresidenta de la República, Mary Munive, adelantó desde el 7 de diciembre que no dará la habilitación al hospital si se construye en ese terreno.
Tanto Munive como María Ángela Mata coinciden en que el terreno es riesgoso por estar en una zona industrial donde hay empresas que podrían sufrir accidentes que impacten en el centro de salud. Munive citó a Químicos Holanda (a 365 metros), Dekra (a 162 m), Servicentro El Guarco (a 152 m) y Agrícola Piscis, a 78 m. También cuestionan que esté en una zona donde está la falla sísmica Aguacaliente.
Sin embargo, en su dictamen ante la apelación de Mata, Tattenbach incluye el criterio del Colegio de Geólogos, el cual determinó que “no existe evidencia” de una posible ruptura de esa falla o sus ramificaciones en el lote adquirido. De hecho, el Colegio indicó que “el terreno donde se asienta casi toda la ciudad de Cartago tiene, aproximadamente, las mismas características geotécnicas y de amenaza sísmica observadas en este sitio (las 11,1 hectáreas donde se construiría el centro médico).
Sí adviertieron los técnicos que, por tratarse de un hospital, su construcción deberá apegarse rigurosamente al Código Sísmico y al Código de Cimentaciones y a una estricta supervisión de calidad del diseño estructural y materiales. En ese sentido, los ingenieros estructurales de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la CCSS propusieron hacerlo con un sistema de aislamiento sísmico en la base para mejorar el desempeño en caso de un sismo fuerte. Esa tecnología se usa desde hace 50 años en Japón y Chile, países altamente sísmicos, señaló el escrito del jerarca del Minae.
Con respecto a los cuestionamientos a la cercanía de industrias que manejan productos químicos o la posibilidad de un siniestro que pudiera afectar el nuevo hospital, Tattenbach indicó que hay una baja probabilidad, pero que lo correspondiente, tal como lo ha planteado la CCSS, es contar con un plan de emergencia. “Desde el punto de vista de la Evaluación de Impacto Ambiental, la sola existencia de industrias químicas no corresponde a una limitación de desarrollo de la actividad porque al ser una contingencia, su probabilidad de existencia no se puede conocer de forma certera (a menos que se tenga un historial de accidentes químicos que permita establecer una probabilidad aceptable, el cual al día de hoy no existe)”, puntualizó.
Desde mayo del 2023, la Gerencia de Infraestructura de la CCSS contradijo los cuestionamientos hechos por el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta ejecutiva Marta Esquivel al lote en El Guarco. “De los múltiples y detallados estudios técnicos que se han realizado al terreno, ninguno establece que no pueda ser utilizado para la construcción del hospital”, señaló un documento firmado por el ingeniero Jorge Granados Soto, gerente de Infraestructura.
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