Tutela de derechos. La presidenta Dina Boluarte y el jurista Mateo Castañeda cuestionan el modo en que la fiscalía incorpora la prueba documentos en los expedientes de investigación. La fiscalía responde que todo es legal
La defensa de la presidenta Dina Boluarte y del abogado Mateo Castañeda recurrieron al Poder Judicial, vía tutela de derechos, para cuestionar la forma en que la Fiscalía incorpora pruebas o documentos en la investigación del caso Rolex y los 'Waykis en la Sombra'.
De esta manera se buscaría evitar que la fiscalía los utilice para probar los supuestos delitos. Si se logra establecer que, al no seguir los procedimientos adecuados para su incorporación al expediente, esas pruebas se han contaminado, ya no pueden ser utilizadas o deben incorporarse de nuevo, con participación de los abogados.
La presidenta Boluarte lo hizo ante el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley Soria; mientras tanto, Castañeda Segovia acudió al juez de investigación preparatoria de la Corte Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho. En ambos casos, los jueces realizaron sendas audiencias públicas, para escuchar a los abogados y la fiscalía, para luego resolver.
Ante el juez Checkley, el abogado Eduardo Barriga Bernal cuestionó a los fiscales adjuntos Karina Llatance y Walter Giles por haber incorporado al expediente diversos reportajes de audio y video, así como artículos de la prensa escrita, sin seguir los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal.
Barriga explicó que, de acuerdo con la norma procesal, una vez iniciada la investigación, los abogados deben participar en todas las diligencias programadas por la fiscalía para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso.
Por lo tanto, explicó el abogado defensor, a partir del 18 de marzo, en que se dispuso el inicio de la investigación, el fiscal de la Nación debió convocar a los abogados para la extracción, transcripción e incorporación de los reportajes y artículos periodísticos, a fin de verificar que estuvieran completos y su pertinencia al proceso.
En este sentido, pidió que se llame la atención al fiscal de la Nación Juan Carlos Villena por no garantizar un debido proceso y permitir que los fiscales adjuntos realizaran esa diligencia, sin la intervención de la defensa.
El fiscal supremo adjunto Milton Vilchez respondió que una información periodística se considera de fuente abierta, por lo que para su incorporación se sigue un protocolo dictado por la Fiscalía de la Nación, hace algunos años. Este protocolo establece que, para agilizar los trámites, la extracción de la información se realiza sin la participación de la defensa ni de los investigados, quienes posteriormente podrán cuestionar su validez, utilidad y pertinencia probatoria.
Ante el juez Richard Concepción, la defensa de Mateo Castañeda cuestionó que hasta hoy el Equipo 5 del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) no le informa sobre la autorización judicial para la intervención del agente encubierto y sobre la forma en que se incorporaron las grabaciones que realizó este agente.
Los fiscales del equipo 5 respondieron que el agente encubierto está a cargo del Equipo 3 en otra investigación. Ese grupo de fiscales ha pedido la convalidación judicial de la información entregada por el agente encubierto.
Anotaron que el 5 de abril, un efectivo policial les informó que hay posibles abogados que tratan de obstruir la investigación a Nicanor Boluarte y que el Equipo 3 había iniciado técnicas especiales de investigación. Ante esa informació, solicitaron, trasladaron y utilizaron las actas de los informes que el agente encubierto entregó al Equipo 3.
Esas actas incluyen capturas fotográficas de conversaciones de WhatsApp. Posteriormente, dijo el fiscal, se revisarán los audios y videos, si es que existen, y se evaluará si cuentan con autorización judicial para incorporarlos en la investigación sobre 'Los Waykis en la Sombra'.
Para resolver de mejor manera, el juez ha pedido a la defensa de Castañeda y a la fiscalía que precisen qué entienden cuando la norma procesal señala que la actuación del agente encubierto necesita autorización judicial cuando se violan derechos fundamentales, y qué derechos fundamentales se pueden violar en un restaurante, que es un lugar público.
El juez Checkley dejó el pedido al voto y resolverá en los siguientes días. Por su parte, Concepción Carhuancho convocó una nueva audiencia para continuar discutiendo sobre los derechos de los investigados y la autorización judicial que requería el agente encubierto.
