El viernes pasado, el Ministerio de Salud (Minsa) de Perú publicó un decreto supremo que actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), por lo que se produjo gran controversia. En vísperas del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el Decreto Supremo N.º 009-2024-SA generó preocupación entre las organizaciones de derechos humanos y la comunidad LGBTIQ+, al incluir diagnósticos relacionados con la identidad de género como problemas de salud mental.
El nuevo decreto incorpora al PEAS siete diagnósticos específicos, entre ellos, el transexualismo, el transvestismo de rol dual y otros trastornos de la identidad de género, ya que utiliza la décima versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), reemplazada en 2022 por la CIE-11. Esta última ya no considera a las identidades de género diversas como patologías, y las alinea con los avances en derechos humanos y no discriminación, promovidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Organizaciones LGTBIQ+ expresaron su rechazo ante esta medida y argumentaron que abre la puerta a prácticas discriminatorias y terapias de conversión. Según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada por el Ministerio de Justicia e Ipsos, el 37% de la población en Perú se muestra poco o nada dispuesta a contratar a una persona trans; esto refleja un ambiente de discriminación latente.
Hernando Cevallos, exministro de Salud, criticó duramente el decreto, al señalar que representa un retroceso significativo en la lucha por la igualdad y el respeto a la diversidad. "No se puede justificar esta posición, ya que la diversidad no es una enfermedad. Es una decisión que refleja una influencia de criterios anticientíficos y una falta de enfoque en los problemas reales de salud que enfrenta el país, como la anemia y la desnutrición", afirmó Cevallos.
Por su parte, Ángela Villón, activista peruana, expresó su indignación ante lo que considera una medida que justifica la violencia y el estigma contra la comunidad trans. "Nos van a tratar de locas y enfermas mentales, lo que refuerza la discriminación y la violencia que ya enfrentamos. Esto afecta gravemente nuestra salud mental y moral", dijo Villón, quien también hizo un llamado a la presidenta para que derogue el decreto y pida disculpas públicas.
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Alex Hernández, psicóloga e investigadora de Más Igualdad Perú, subrayó que la implementación del CIE-11 es un mandato de la ley de salud mental vigente en Perú desde 2019. "Este decreto refleja una ausencia de voluntad política y una incapacidad técnica en el Ministerio de Salud para actualizarse según los estándares internacionales. La CIE-11 permite a las personas trans acceder a tratamientos afirmativos sin ser patologizadas", señaló Hernández.
El Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado en el que señala que "la diversidad de género y sexual no son enfermedades" y rechaza cualquier forma de estigmatización. La orientación sexual y la identidad de género "no constituyen un trastorno de salud" y no deben ser sometidas a tratamiento ni a terapias de reconversión, según la Resolución Ministerial 753-2021/Minsa.