Al menos 142 asociaciones solidaristas del país reportaron mantener inversiones en Coopeservidores, también conocida como CS Ahorro y Crédito, entidad financiera intervenida desde la tarde del lunes 13 de mayo por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Los datos fueron consignados por la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol) y el Movimiento Solidarista Costarricense (MCS). La información fue recabada mediante un formulario compartido con las organizaciones afiliadas y el corte fue a las 11:30 a. m. de este viernes.
La cifra de asociaciones afectadas incluso podría ser mayor, ya que aún siguen recolectando casos. De momento, Conasol y el MCS prefirieron no revelar los nombres de las organizaciones afectadas ni los montos que están congelados debido a la intervención.
Con la intervención, todas las operaciones de los depositantes quedaron congeladas, incluyendo los saldos a la vista y las operaciones a plazo, donde estas asociaciones suelen invertir para diversificar sus portafolios. Conassif indicó que la disponibilidad definitiva de los recursos de los depositantes dependerá de la situación de la entidad intervenida.
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La medida de congelar las cuentas de los depositantes se mantendrá, al menos, hasta obtener un diagnóstico de la entidad, según Marco Hernández Ávila, el interventor. La intervención obedece a que la administración actual de esta entidad financiera “pone en peligro su seguridad y solvencia”, de acuerdo con Conassif.
Raúl Espinoza Guido, presidente de Conasol y el MSC, afirmó que entre las asociaciones que han respondido al formulario reconociendo alguna afectación hay de diversos tamaños. Según cifras de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el país existen alrededor de 1.400 asociaciones solidaristas, las cuales contribuyen con el 4% del producto interno bruto (PIB).
El presidente de Conasol y el MCS detalló a La Nación que brindarán el acompañamiento legal y financiero necesario a las asociaciones afectadas, pero indicó que el plan será definido en una reunión que sostendrán en próximos días, en la que establecerán un comité.
La Nación conoce el panorama de dos asociaciones solidaristas que tienen instrumentos de inversión en Coopeservidores, aunque en ambos casos el porcentaje invertido en la cooperativa intervenida es muy bajo en relación con el tamaño total de sus carteras de inversión.
La Asociación de Empleados del Banco Central de Costa Rica (Asobacen) comunicó a sus asociados que mantiene una inversión de ¢142,9 millones con la cooperativa, lo que equivale a 1,7% del total de la cartera de inversiones. Añadió que la Junta Directiva está “abocada a reducir el impacto” de la situación.
Heiner Gutiérrez Leal, gerente de Asobacen, indicó a La Nación que la Junta Directiva de Asobacen se encuentra a la espera del informe del Conassif, con el fin de analizar el posible impacto que esta situación pueda generar a la organización. “Los resultados o afectaciones que tengamos como asociación, primeramente, serán informados a nuestros asociados”, dijo.
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Por su parte, la Asociación Solidarista de Emerson (Asoemerson) informó a sus miembros de que mantiene un certificado con la entidad por ¢90 millones, lo cual corresponde al 2,15% de su cartera de inversiones, y vence en marzo del 2025.
Silvia Goyez, presidenta de la Asociación de Empleados del Banco Popular (Asebanpo), afirmó que esperan tener un panorama claro en el corto plazo, cuando el Conassif emita resoluciones al respecto. A partir de ahí, adoptarán las medidas pertinentes respecto a las inversiones a plazo en la entidad.
En tanto, Enrique Rojas Ureña, gerente de la Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (Asecccs), que cuenta con 44.500 asociados y es una de las más grandes del país, descartó que tuvieran alguna afectación en su portafolio de inversión a raíz de la intervención a la entidad.
Las asociaciones solidaristas en Costa Rica se encuentran reguladas mediante la Ley 6970, donde son catalogadas como organizaciones sociales que tienen como objetivo procurar la justicia y la paz social, la armonía obrero-patronal, además del desarrollo integral de sus asociados. Para constituir una en un centro de trabajo formal se requiere, como mínimo, 12 empleados.
Este tipo de entidades se nutren de los recursos que aportan sus asociados, los cuales se utilizan para generar excedentes que se reparten entre todos sus miembros. La normativa costarricense las faculta para adquirir bienes, celebrar contratos, así como realizar operaciones lícitas para el mejoramiento socioeconómico de sus afiliados. Por ejemplo, actividades de ahorro, crédito e inversión.
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El presidente de Conasol y el MSC manifestó que confían en que el impacto a las organizaciones afectadas sea el menor posible y señaló que es necesario conocer el resultado de la evaluación del interventor designado para definir los pasos a seguir.
“Las asociaciones solidaristas realizan sus inversiones de acuerdo con el apetito de riesgo que cada una define. Hemos insistido, como organizaciones de integración y representación, que cada asociación debe ser consciente de los riesgos que asume y, en esa medida, revisar frecuentemente las entidades donde mantienen sus recursos”, comentó.
Según los estados financieros de Coopeservidores, las obligaciones con el público, que incluyen depósitos a la vista, a plazo y el pago de intereses, ascendían a ¢509.884 millones a marzo del 2024. Del total, ¢471.684 millones estaban a plazo y ¢22.636 millones eran a la vista; el resto correspondía a cargos financieros.
En tres meses, el saldo de los depósitos a plazo en la cooperativa cayó en ¢16.953 millones, pasando de ¢488.638 millones, en diciembre del 2023, a ¢471.684 millones en marzo de 2024, según los estados financieros. Los depósitos a la vista también se redujeron, pero en menor magnitud.
Espinoza Guido indicó que las asociaciones solidaristas están reguladas en ciertos aspectos, como la reserva de liquidez o el cumplimiento de la llamada “ley de usura”, pero que finalmente no están sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
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Ante esto, comentó que las entidades financieras donde las solidaristas invierten sus recursos sí están supervisadas, con lo cual se espera que los organismos fiscalizadores actúen preventiva y oportunamente con las instituciones que presentan problemas.
“En los últimos cinco años hemos tenido dos eventos con entidades supervisadas que han tenido problemas (se refiere a Aldesa y Coopeservidores) y muchas asociaciones se han visto afectadas justamente porque han confiado en el sistema financiero regulado”, afirmó el presidente de Conasol y el MSC.
Coopeservidores tiene un peso relevante en el mercado porque cuenta con 131.500 asociados. Sin embargo, la cifra de afectados podría ser mayor si se toma en cuenta que algunos de esos clientes son asociaciones solidaristas que representan a una cantidad considerable de personas.
A pesar de que la mayoría de servicios de cara al público se encuentran congelados, el interventor de Coopeservidores confirmó que toda la planilla actual de la cooperativa se encuentra laborando con normalidad bajo la dirección de la interventoría.
Hernández Ávila afirmó que el personal de cara al público está asistiendo con normalidad a sus puestos de trabajo, con la misión de atender otras necesidades de los clientes y añadió que no han tomado ninguna medida temporal con los colaboradores de la cooperativa.
La semana pasada, antes de que se declarara la intervención, la cooperativa despidió a 66 empleados. Actualmente, esta entidad tiene 629 trabajadores, aunque en el último año redujo su planilla en 15%, desde los 740 empleados registrados en mayo del 2023.
