El 12 de abril los ministros de finanzas de la UE lanzaron una serie de medidas para que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pudiera facilitar el acceso de la industria militar a préstamos públicos en condiciones muy ventajosas.
Esta modificación de las reglas del BEI hay que enmarcarla en el rumbo militarista que ha emprendido la UE. Entre los 27 hay consenso en que es necesario que la Unión se prepare para la guerra, lo que equivale a que los estados tienen que incrementar los gastos militares y las compras de armas, y que para ello es necesario que la industria incremente su producción y fabrique más armas. En esta misma dirección, la Comisión Europea ha publicado este marzo la primera Estrategia Industrial Europea de Defensa que marca objetivos e indicadores. En concreto define como objetivo que para el 2030 el 40% de las compras de material militar sean conjuntas, que el 50% del gasto en defensa de los estados miembros se lleve a cabo en la industria de la UE y que para el 2050 sea del 60%. En definitiva, la Comisión pretende que el incremento de gasto militar que los 27 están aprobando no se vaya hacia Estados Unidos, sino que en un 50-60% se compre a la industria europea.
Para que el incremento de gasto de los estados y las inversiones de la industria se lleven a cabo es necesario el acceso a créditos bancarios. De nuevo, se produce el consenso entre los 27 de que es necesario que los estados puedan acceder a créditos de fondos públicos, los Eurobonos, para financiar la deuda que se generará con la adquisición de nuevos sistemas de armas. La industria necesitará de estos fondos para ampliar la producción, para lo cual se plantea que el BEI pueda ser el banco que conceda créditos. En definitiva, se engrasa la máquina de dinero público para producir y vender armas.
Pero el BEI necesitaba cambiar sus normas para poder conceder créditos a la industria militar, y de ahí el mencionado acuerdo de abril de los ministros de finanzas para modificar las normas de esta institución y que se puedan conceder créditos públicos a la industria militar, eliminando de la lista de actividades excluidas de financiarse con los fondos BEI la industria de armas y la de municiones.
La nueva Estrategia Industrial Europea de Defensa de la Comisión Europea exige por tanto que el BEI acuerde una definición común de “tecnologías con potencial de doble uso” para promover inversiones conjuntas en tecnologías, productos e infraestructuras en el sector de la defensa, y que adapte las exclusiones relacionadas con la defensa de las políticas de préstamos del Grupo BEI.
Hacerlo significa involucrar efectivamente al BEI en el desarrollo de una industria militar, alejándose de sus objetivos centrales de política pública: financiar la acción climática y la sostenibilidad ambiental y la cohesión económica y social, en un contexto de importantes necesidades de inversión en ambos sectores.
Pues bien, el BEI ha aceptado cambiar la definición de su requisito de doble uso, permitiendo ahora que los proyectos generen la mayoría de los ingresos esperados a partir del uso militar, mientras que antes la mayoría de los ingresos esperados de los proyectos debían tener un uso civil. Ha aceptado también asignar más préstamos nuevos del BEI para fines militares permitiendo que su flujo de financiación dedicado a las PYME financie también proyectos relacionados con actividades militares, así como reformar los procesos internos para que la industria militar pueda obtener un acceso más rápido y fácil a los 6.000 millones de euros en préstamos disponibles hasta 2027 en el marco de la Iniciativa Estratégica de Seguridad Europea (SESI).
Las industrias de defensa y la aeroespacial también han presionado de manera exitosa para que se incluyan materiales como el titanio –esencial para los intereses del sector de defensa– como “materias primas críticas”, a pesar de su uso limitado para la transición climática.
Los préstamos del BEI deben utilizarse para apoyar proyectos estrictamente ambientales y socialmente beneficiosos, que aborden las necesidades públicas y los objetivos de desarrollo respetando al mismo tiempo los derechos de las comunidades locales, y no para inversiones que solamente benefician a los fabricantes de armas europeas. Son urgentes reformas estructurales profundas, dirigidas a atajar la crisis climática, que afecta al bienestar y el sostenimiento de la vida de las personas y el planeta; a hacer frente a la crisis del coste de la vida, que deja en la cuneta a millones de personas; a emprender una transición energética justa, que proporcione energía pública y asequible para todo el mundo.
Es fundamental, por tanto, que estos días se formulen a candidatos y candidatas a las elecciones de la Unión Europea cuestiones que son vitales para nuestra sociedad. Es necesario debatir y confrontar: ¿Para qué queremos armarnos tanto? ¿A quién beneficia que lo hagamos? ¿Queremos que la UE sea una potencia militar aún mayor, cuando ya ocupa el segundo lugar en el ranking de gastos en defensa? ¿Qué propuestas tienen los partidos en este ámbito?
De momento, y aunque resulte paradójico, a los tambores de guerra los acompaña un silencio atronador.
