Los diputados del Partido Comunista, Lorena Pizarro y Matías Ramírez, criticaron duramente la norma que propone la “libertad condicional para aquellas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante”, la cual fue aprobada este lunes por la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.
La iniciativa, impulsada por Francisco Chahuán (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN), Carlos Kuschel (RN) y Enrique Van Rysselberghe (UDI), sería aplicada a hombres desde los 70 años y para mujeres a partir de los 65 años. Y ésta permitiría que presos por causas de derechos humanos -como los de Punta Peuco- puedan cumplir los últimos años de sus condenas en arresto domiciliario.
Ante el avance de la norma, el diputado Ramírez recordó la ofensiva legislativa de la derecha para desconocer la existencia de los derechos Humanos y dejar incapacitada a la justicia para actuar al respecto.
“Esto es lo que, en definitiva, la derecha nos plantea en el debate de seguridad pública; seguir fomentando la impunidad y el genocidio”, apuntó el legislador por Tarapacá. “Nosotros no estaremos dispuestos para avanzar en estas materias y buscaremos que la discusión se dé de manera seria”, agregó.
Por su parte, la histórica dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, cuestionó el discurso de la derecha que, según sus palabras, dice defender a la gente pero en la práctica, “está comprometida con los peores genocidas de la historia de Chile”.
“Nos parece impresentable lo aprobado por la Comisión de Seguridad. La derecha, esa que hace gárgaras con la defensa de la gente, quiere liberar a los peores criminales que ha conocido nuestro país”, aseveró.
Para Pizarro, “los genocidas no deben tener impunidad”: “Y, ante aquello, nos vamos a oponer con toda la fuerza con la que hemos actuado hasta el día de hoy”.
Cabe recordar que, según datos del Ministerio de Justicia y Gendarmería, la población penal mayor de 75 años en Chile es de 325, de ellas, 246 son personas condenadas por violaciones a los DD.HH., es decir, por crímenes de lesa humanidad.
